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LOS ÁNGELES, AFP. Los policías de Arizona (suroeste de Estados Unidos) comenzarán a pedir documentos migratorios a los individuos sospechosos de ser indocumentados, al entrar en vigor este martes una disposición hasta ahora no aplicada de una dura ley migratoria.
La sección 2B, conocida entre sus detractores como «Muéstrame tus papeles», entró en vigor luego de que una jueza levantara la suspensión que pesaba sobre ella y tras numerosos esfuerzos por detenerla de parte de organismos de derechos humanos.
«El estado y los agentes locales de la ley tendrán la autoridad para controlar el estatus migratorio de los individuos, pero sólo como parte de una detención legal o un arresto, y cuando el agente tenga una sospecha razonable», se felicitó la gobernadora republicana Jan Brewer en un comunicado divulgado el martes.
«Nunca afirmé que la ley resolvería los problemas de Arizona respecto a la inmigración ilegal», pero «representa una herramienta más para colaborar con nuestras autoridades federales en la reducción del crimen y otros impactos asociados con la inmigración ilegal», señaló.
El 5 de septiembre, la jueza federal Susan Bolton había dado luz verde para que este estado autorizara a la policía a pedir documentos migratorios, al rechazar un amparo interpuesto por organizaciones de derechos civiles.
La ley, que entre otras cosas estipulaba como un crimen transportar o alojar a inmigrantes indocumentados e inspiró otras medidas aún más duras en otros estados, fue promulgada en 2010 por Brewer y bloqueada poco después por la Corte Suprema de Justicia.
Tras estudiar su constitucionalidad, la Corte Suprema avaló la sección 2B, que permite que la policía solicite documentos a su discreción, función que en otros estados del país cumplen agentes migratorios y no policiales.
Organizaciones de derechos civiles habían pedido la anulación de la disposición «muéstrame tus papeles», argumentando que es imposible de aplicar sin tomar en consideración prejuicios raciales.
No obstante, la jueza Bolton determinó que esta sección no viola de por sí los derechos civiles y sugiere que esto es algo que deberá ser considerado a posteriori, si existe evidencia de ello.
