El involucramiento de tantos policías y militares en hechos delictivos es un fenómeno que debe tratarse a profundidad  para combatirlo, dejando atrás la creencia de que con arengas y uno que otro reconocimiento o premio se va a erradicar un mal de tan terribles consecuencias sociales. Un elemento que no justifica, pero explica, la  complicidad de nuestros hombres de uniforme en actos delincuenciales, es el miserable salario que devengan, fenómeno no  exclusivo de ellos sino que abarca a todos los empleados públicos y privados de nuestro país  a pesar de la inflación.

La   cancelación de un teniente coronel, cuatro tenientes, 12 alistados de los distintos cuerpos castrenses y la puesta en retiro forzoso de otros dos tenientes coroneles y las sanciones aplicadas a varios oficiales superiores y subalternos asignados a la DNCD y al CESA, por asuntos de drogas, resulta alarmante.

Todos ellos, identificados por las autoridades con sus nombres y rangos, participaron, según el anuncio oficial, en el intento de envío aéreo a Puerto Rico de un cargamento de más de 145 kilos de cocaína y dos de heroína por el aeropuerto de Las Américas el 2 de diciembre pasado.

Este hecho, junto al apresamiento reciente de dotaciones policiales  por complicidad y cobro de peaje a traficantes de drogas  y la existencia de atracadores y sicarios militares y policiales, obliga al Gobierno a mejorar la disciplina y las condiciones de trabajo de los cuerpos armados. Esperemos que el anunciado sometimiento del Ejecutivo de sendos proyectos de modernización de las FFAA y la PN, contemplen un aspecto tan importante como el aumento salarial.