José Alfredo Espinal 
La Carcelita del Palacio de Justicia de Santiago, en una foto de archivo. (Fuente externa).
Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite al juez de los Servicios de Atención Permanente la medida de coerción.
Santiago.- Los once agentes de la Policía Nacional implicados en la muerte de cinco hombres, durante un supuesto intercambio de disparos ocurrido el pasado 10 de septiembre, en la comunidad de La Barranquita, fueron trasladados la noche del martes desde Santo Domingo a esta ciudad y se encuentran en la «Carcelita» del Palacio de Justicia de esta localidad.
Se espera que en las próximas horas un juez de los Servicios de Atención Permanente de esta demarcación conozca la medida de coerción en contra de los imputados, pero aún la instancia con la solicitud no ha sido presentada por el Ministerio Público.
Los apresados fueron identificados por el órgano acusador como Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrían Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional.
También, Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.
El grupo está vinculado con las muertes de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), el peluquero José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.
El abogado Juan Carlos Báez Peralta, representante legal del mayor Paredes Paniagua y otros agentes acusados de homicidio, denunció que la Fiscalía ha violentado el principio de presunción de inocencia al divulgar las identidades de sus clientes antes de que un juez determine el grado de responsabilidad.
“Entendemos que ellos (Ministerio Público) están esperando el plazo razonable, que son 48 horas para depositar la medida de coerción. Sin embargo, en su afán de desesperación, la Fiscalía no debió divulgar la identidad de los agentes, olvidando que existe la presunción de inocencia”, afirmó.
El abogado Pérez Peralta, quien defiende a los agentes policiales junto a su colega José Gregorio Peralta, explicó que con el accionar las autoridades violaron el artículo 95, numeral 8, del Código Procesal Penal.
Dijo que la acusación preliminar contra sus clientes se fundamenta en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio voluntario.
