Con frecuencia, personas involucradas en narcotráfico y lavado de activos pertenecen a las Fueras Armadas o la Policía Nacional (PN), como el caso reciente de Miguel Arturo López Florencio y José Miguel López Pilarte, esposo e hijo de la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega Rosa Amalia Pilarte López.

Cuando no pertenecen de forma directa a esos cuerpos, han tenido complicidades con oficiales y subalternos, quienes han servido de protección a grandes narcotraficantes, como sucedió con el caso de José David Figueroa Agosto o Quirino Ernesto Paulino Castillo.

La Policía Nacional admitió esta semana que son miembros de esa institución López Florencio y López Pilarte, detenidos en La Vega por su supuesto vínculo con el narcotráfico y lavado de activos.
La PN explicó que Miguel Arturo López Florencio, de 50 años, ingresó a la institución como deportista en 2011, “bajo la recomendación del coronel retirado Víctor Manuel Sánchez.
Según nota de la institución, tras cumplir cinco años como raso, López Florencio fue ascendido al rango de cabo, según establece la Ley Orgánica 590-16. A la fecha tiene ocho años y tres meses en las filas.

Una lista. En noviembre del año pasado, el Ministerio Público de Santo Domingo Este puso en alerta a organismos de inteligencia, militares, policiales y migratorios para la búsqueda y captura de un exteniente coronel de la Policía Nacional y un exsegundo teniente del Ejército de República Dominicana señalados como miembros de una presunta red de narcotráfico.

Hans Wender Lluberes Sánchez, exteniente coronel Policía Nacional, y Jesús Elías Pérez Vásquez, exsegundo teniente del Ejército de RD, han sido declarados prófugos de la Justicia y en rebeldía.
Quirino Ernesto Paulino Castillo fue identificado como empresario y excapitán del Ejército, presunto jefe de una organización de tráfico de drogas responsable de la exportación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos hasta septiembre de 2003.

En 2010 oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron investigados por sus supuestos vínculos con el capo puertorriqueño José David Figueroa Agosto.
Fue recomendada la cancelación y expulsión de seis oficiales superiores, cuatro oficiales subalternos y otros tres militares de menor rango, los cuales fueron identificados.