Hoy 
FABIáN MELO
La seguridad ciudadana constituye uno de los principales temas sociales. Los países que están limitados por la pobreza, muestran a unos ciudadanos hondamente preocupados por el vertiginoso crecimiento de la criminalidad.
José María Rico, profesor de la Universidad de Montreal (Canadá) y María Chinchilla, Ministra de Seguridad Pública en Costa Rica (1994-1998) han demostrado que América Latina no cuenta con políticas criminales efectivas.
Según estos expertos en la materia, a partir de los años 70, los países desarrollados están aplicando nuevos modelos en materia policial y preventiva. Se habla, respecto al tipo de política al que se aspira, de una policía de proximidad o de orientación comunitaria.
La política criminal se ha definido: Como el conjunto de métodos por medio de los cuales el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal. Esto indica que no es únicamente la Policía Nacional la responsable de la seguridad ciudadana; lo que ha ocurrido es que, en ausencia de política criminal, la Policía como cuerpo civil armado, debe asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos.
Es al cuerpo social a quien le compete trazar los métodos y las estrategias propios de una política criminal efectiva. La política criminal debe deslindarse desde el campo legislativo hasta los campos administrativo y judicial. Lo que ha ocurrido es que el administrativo (Policía Nacional) se ha erigido como rey supremo de los registros y controles.
El artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal deja claramente establecido que el proceso penal es una medida extrema de la Política Criminal. Hay que evitar los procesos penales. Sólo el cuerpo social (las organizaciones no gubernamentales, los núcleos sociales de presión y el Estado) puede poner en práctica una política criminal efectiva. Ayudemos a la Policía Nacional, que la criminalidad es una carga muy pesada.
