La presentación por parte del Ministerio de Educación de la Orden Departamental 33-19, que, procurando dar respuesta a postulados de la Constitución, leyes adjetivas, así como también, a compromisos nacionales con políticas de organismos internacionales para promover la igualdad y erradicar la inequidad de género, desencadenó todo tipo de reacción de parte de diferentes actores sociales, tanto a favor como en contra, que solo se ha visto opacada por el tema de la intención de introducir cambios a la Constitución que habiliten a Danilo Medina para su re-postulación y eventual reelección.
Creo que el Ministerio de Educación pecó de ingenuo al pensar que dicha iniciativa dada la bondad intrínseca de la misma: establecer una política de género que establezca la igualdad y haga desaparecer las inequidades y discriminaciones respecto del género, expresado por una serie de flagelos sociales que victimizan sobre todo a la mujer, por su condición de serlo; obvió que es un tema complejo, y que sobre él gravitan una serie de controversias expresadas por diversos pareceres de esos sectores. También, por otro lado, desde el punto de vista político, se pasó por alto el sentido de la oportunidad, en medio de un contexto político electoral las posibilidades de ser viable son casi nulas. Porque implica un costo político que ningún partido quiere asumir.
El objetivo de la Orden Departamental es desarrollar la metodología con la cual se trabajará la elaboración y formulación de la “política de género”, y eso se lo encarga a varios organismos institucionales del Ministerio de Educación y, además, con participación interinstitucional, teniendo algunas instituciones con experiencias en el tema como asesoras. Pero se debe tener una premisa, es el diagnóstico de la situación en el país de la desigualdad de género. Aunque se piense que, por lo que acontece en el día a día en el país, es algo obvio, debe de estar documentado, y sé que lo está; pero, además, cuál es la definición de género de la institución. Como se aborda el sexo, como algo biológico dado por la propia naturaleza: la genética, la anatomía, lo hormonal, fisiología, etc. Y si el género lo considera como una construcción social, dado a los roles asignados culturalmente sea varón o hembra; generadores de esas desigualdades, discriminación e iniquidad hacia la mujer.
Desde la aparición del término género, en la Conferencia sobre la Mujer en 1994, Beijing, ha habido controversia, y definiciones ambiguas, que impidieron ponerse de acuerdo en su acepción.
¿La política de género estará basada en “Perspectiva de Género” (PG)?. Cómo evitar que se superponga la “Ideología de Género” (IG). Son enfoques diferentes; la primera preserva las diferencias naturales respecto de lo biológico, la igualdad en la diversidad, lucha por establecer igualdad y equidad respecto de los derechos entre hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades, distribución igualitaria del poder, a través de propiciar e inducir cambios culturales mediante una educación no sexista, preserva la significación de la maternidad, la paternidad y la familia nuclear. En cambio la segunda; IG, que parte de una premisa: el que esas desigualdades e inequidades son consustanciales con el hecho de ser mujer, por lo tanto debe desaparecer el género femenino y masculino, que todo es una construcción social, entienden que las diferencias biológicas y naturales no cuentan, que nadie nace varón ni hembra, que posteriormente con la toma de conciencia de sus preferencias sexuales es que se sabrá, y aquí nacen otros tipos de géneros ; que uno de sus males es la maternidad, que esto esclaviza, etc. Y desde donde se derivan una serie de concepciones distorsionadas, a nuestro humilde entender, que lejos de propiciar cambios en los patrones culturales de desigualdad, nos llevan a otro problema, el de la Identidad.
Por todo lo anterior, creo que antes de desarrollar metodología y formulación de política de género por parte del ministerio de educación hay un gran trabajo previo de definición conceptual, diagnóstico situacional de las desigualdades que queremos combatir, propuestas de contenido y cómo lo vamos a hacer. Aquí deben participar los diferentes sectores encontrados. Desde luego la última palabra debe tenerla el Estado, a través del gobierno que lo administra.