PEDRO PADILLA TONOS
El pasado día 18 de mayo en la primera página de algunos periódicos nacionales apareció una publicación encabezada por una fotografía que mostraba al canciller dominicano Carlos Morales Troncoso y al canciller haitiano Herald Abrahams celebrando el acuerdo al que habían llegado –según la publicación– de detener la repatriación de residentes ilegales haitianos que se había iniciado días antes a raíz de hechos de sangre cometidos por algunos de ellos en comunidades dominicanas, que frente a la inercia de las autoridades, reclamaban el legítimo derecho de vivir tranquilos en su tierra.

Es obvio que el canciller haitiano tenía sobradas razones para celebrar, pero ¿cuáles eran las razones que tenía el canciller dominicano? ¿Había obtenido un triunfo diplomático?.

No salíamos de nuestro asombro al analizar las futuras consecuencias de ese acuerdo, precedido por una inoportuna declaración oficial de la Cancillería dominicana, en la que, sin considerar ponderadamente sus implicaciones jurídicas, políticas y diplomáticas, se lamentaba de los inconvenientes y molestias que causan las repatriaciones, se reconocía que en las mismas se producen errores humanos no deseados y se exhortaba a la prudencia para esperar que disminuyan las pasiones.

Esa declaración constituyó una nota de desagravio al gobierno haitiano ofrecida en bandeja de plata por el canciller dominicano a su homólogo el canciller haitiano antes de la reunión entre ambos. Era un triunfo para la diplomacia haitiana y un error histórico para la poco eficaz “diplomacia” dominicana.

Nuestro asombro ante la actitud de la Cancillería dominicana fue aun mayor al leer en la prensa informaciones atribuidas al coronel Rafael de Luna Pichardo, vocero del Ejército Nacional, según las cuales se habían decomisado armas de fuego y drogas a haitianos que las habían abandonado luego de enfrentar en nuestro territorio a tropas del ejército.

De la actitud de la Cancillería dominicana surgen obligadas preguntas. ¿Tiene la Cancillería dominicana jurisdicción en materia de repatriación de extranjeros ilegales o eso corresponde a otros departamentos oficiales como es la Dirección General de Migración?

¿Puede, en todo caso, la Cancillería dominicana decidir unilateralmente sobre repatriaciones sin consultar al Presidente de la República o estudiar el caso con la Dirección de Migración y con las Fuerzas Armadas?

¿Tendrá en el futuro el Gobierno dominicano que pedirle permiso al gobierno haitiano para iniciar o detener repatriaciones de ciudadanos haitianos residentes ilegales en nuestro territorio?

¿Tendremos que esperar para decidir sobre las repatriaciones que disminuyan las pasiones, como pide el canciller dominicano?

¿Cuáles pasiones? ¿Las de los haitianos desesperados y hambrientos de radicarse legal o ilegalmente en nuestro país? ¿Las de los dominicanos que reclaman que las autoridades nacionales hagan respetar la seguridad de nuestro territorio? ¿Las de los países y organismos internacionales que trabajan en silencio por la fusión entre República Dominicana y Haití en un solo Estado?

Esas pasiones existirán siempre. Mientras esperamos que pasen, nos haitianizaremos más de lo que ya estamos.

Pero nuestro mayor asombro surgió el día 19 de mayo, cuando la prensa nacional publicó declaraciones del Presidente Fernández en las que negaba que su gobierno había establecido un acuerdo con las autoridades haitianas para detener las repatriaciones de indocumentados haitianos y señalaba que el tema de la inmigración es siempre expresión de la soberanía de un país y eso tiene que definirlo la República Dominicana, por lo que la política migratoria es potestad del Estado dominicano.

La declaración del Presidente Fernández, corrigiendo el desliz diplomático y desautorizando públicamente a nuestro Canciller nos devolvió un poco la tranquilidad, pues tiene razón el jefe del Estado al dejar claramente sentado que no se puede ni se debe renunciar a los atributos inherentes a la soberanía nacional. La política migratoria es uno de esos atributos. Nuestro gobierno no necesita de ningún acuerdo con el gobierno de otro país para decidir sobre la repatriación de extranjeros residentes ilegales en nuestro territorio, sean haitianos o de otra nacionalidad. Nuestro gobierno debe ceñirse a lo que disponen la Constitución y el Derecho Internacional, en particular el Derecho Internacional Humanitario.

La declaración del Presidente Fernández ha puesto sin embargo en evidencia las contradicciones existentes en la política exterior dominicana, aun en un tema de vial importancia como el de la cuestión haitiana, que de una manera constante y prioritaria debería figurar en la agenda de la política interior y de la política exterior, hasta conformar una política de Estado con respecto a Haití.