Política fiscal -política social

Política fiscal -política social

LUIS SCHEKER ORTIZ
Cuando entró en vigencia el nuevo Código Tributario, Ley 11-92, dispuso excluir del régimen de exenciones generales a las «entidades organizadas bajo el régimen jurídico de compañías por acciones u otra forma comercial, así como aquellas que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar…y otras actividades similares».

Estas entidades jurídicas, las de mayor poder económico, principalmente las productoras de cervezas, rones o cigarrillos, amparadas en ese capítulo, venían desarrollando una política promocional y asistencial a favor de las actividades de diversas asociaciones sin fines de lucro: clubes y ligas deportivas y culturales, entidades científicas, religiosas, artísticas y centros de beneficiencia del país, que encontraban en esta colaboración una gran ayuda.

Para justificar su exclusión, se adujo que la Dirección de Impuestos no disponía de controles efectivos para advertir, supervisar y controlar la evasión fiscal que se producía cuando valiéndose del mecanismo de exención, se burlaba su finalidad, sirviendo la exención como vía de escape en perjuicio del fisco.

Pudieran tener razón a quienes así razonaban. Ha sido, es y será siempre una tendencia humana, casi natural, esa de evadir impuestos, siendo una rara excepción el ciudadano o la empresa que no trate de «librarse de ellos» por diversas razones; particularmente cuando la ferocidad fiscal hace del pago de impuestos una práctica irracional o abusiva y el aumento en la recaudación no se ve claramente traducido en mayor bienestar para la comunidad en bienes y calidad de servicios; y en cambio, se tiene la percepción de que la recaudación desmedida sirve para otras causas.

Lo más cómodo entonces, aunque no lo más inteligente, fue cortar de un tajo y eliminar por ley las exenciones para las compañías por acciones o similares, sin distinción alguna, bajo la presunción, jure et de jure, de que todas tenían el mismo comportamiento evasor, aún cuando ello significaba desalentar una política asistencial empresarial sana, y privar de una importante asistencia y alivio económico a muchas entidades civiles de escasos recursos que, de repente, se vieron privadas de esa ayuda.

Por otro lado, con esta política fiscalista el propio gobierno generaba mayores presiones y demandas sociales que debía encarar y satisfacer al relevar de esa carga social a las empresas, en lugar de seguir compartiendo con el sector esa responsabilidad. Se recurrió al simplismo sin vislumbrar soluciones inteligentes, donde ninguna de las partes fuera drásticamente afectada, corrigiendo escapes, redoblando controles, capacitando su personal y orientando a las empresas, hasta hacerlas más conscientes de su labor social y más eficientes sus mecanismos internos de prevención y fiscalización, y aplicando las multas y sanciones correspondientes en caso de comprobada violación de normas existentes, sin desalentar aquellas acciones que, teniendo un fin loable, resultaban socialmente convenientes.

Pienso que el mismo pecado se comete ahora cuando se anuncia la amnistía fiscal anunciada, con lo que se privilegia al evasor y flexibilizar el monto de los impuestos a las empresas fabricantes de cervezas, alcoholes, cigarros y cigarrillos porque, según alegan han bajado sus ventas, y el Estado por ello está dejando de percibir mayores recaudaciones, como si la finalidad de los impuestos fuera recaudar y no invertir mejor; sin detenerse a pensar en el bien social y los beneficios directos y marginales que una política fiscal inspirada en gravar los vicios representa para el Estado, el propio gobierno y toda la sociedad.

El afán de mayores ingresos para costear obras no prioritaria o faraónicas, cubrir lujosos e innecesarios gastos y salarios o prebendas, de forma irritante, echa por el suelo todo plan de austeridad, de seguridad barrial, de combate a la violencia y a la corrupción e incluso de protección al consumidor que no solo requiere que se abaraten los precios de productos de primera necesidad, sino también que se le proteja dificultando el consumo de productos nocivos para la salud física y mental, tanto del individuo como de la comunidad.

Favoreciendo el consumo de esos productos para mejorar la recaudación fiscal a sabiendas de que éstos, consumidos en exceso, son altamente perjudiciales y peligrosos como es advertido por los clínicos y sancionados por la ley, el Estado y el gobierno le hacen un flaco servicio a la salud de la nación.

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