Las políticas de línea dura del gobierno de Trump en torno a la inmigración ilegal afectan no solo a quienes están en el país sin permiso sino también a millones de ciudadanos estadounidenses y de extranjeros con un status legal, cuyas vidas son desgarradas por la deportación de familiares.
Es como si Letty Stegall estuviese allí, en su casa de Estados Unidos, junto a su hija, alentándola para que complete sus tareas escolares. Cuando su esposo va a la tienda de comestibles, ella arma la lista de cosas a comprar con él. En el bar donde trabajaba, sigue dándole una calurosa bienvenida a los clientes y durante la cena en su casa, ve lo que cocinó su familia.
El rostro de Stegall, sin embargo, aparece solo en una pantalla y sus palabras llegan a través de conexiones telefónicas inestables y de una andanada de mensajes de texto. Su familia está a 2.575 kilómetros (1,600 millas) de distancia. Una mujer que se casó con un estadounidense, dio a luz un hijo estadounidense y se siente estadounidense fue deportada a su México natal. «Quisiera estar allí. Es lo único que deseo», comenta acerca de su vida en Kansas City, Missouri. «Quiero estar de nuevo con mi familia».
A medida que Estados Unidos endurece sus políticas hacia la inmigración ilegal, miles de personas que se sentían como en su casa en suelo estadounidense se han tenido que ir. A menudo dejan atrás esposos e hijos estadounidenses y deben encontrar la forma de salir adelante con familias desgarradas.
Estudios indican que entre 8 y 9 millones de estadounidenses, la mayoría de ellos menores, viven con al menos un pariente que no está en el país legalmente, lo que hace que cada paso que se da para deportar a un inmigrante probablemente afecta a un ciudadano estadounidense o un inmigrante con status legal.
La deportación de Stegall implica que probablemente no pueda regresar a Estados Unidos por una década. Ella reza para que el papeleo para regularizar su situación a partir de su matrimonio con un estadounidense dure no más de dos años, pero no tiene garantías.