El Gobierno ha expresado su interés de invertir en obras el excedente presupuestario que se producirá este año. Para tales fines, está elaborando un proyecto de “presupuesto complementario” que habrá de someter a la consideración del Congreso.

La reforma o rectificación fiscal hecha para compensar los desmontes arancelarios derivados de la vigencia del DR-CAFTA ha resultado altamente beneficiosa para el Gobierno, que mes tras mes reporta superávit en las recaudaciones.

 Pero hay cosas que no parecen sintonizar con esa bonanza tributaria,  y una de ellas es la afirmación del director de Impuestos Internos, licenciado Juan Hernández, de que el Gobierno “se iría de bruces” si redujera a un 15% el Impuesto sobre la Renta, porque  no tendría recursos ni siquiera para pagar los salarios.

Sería interesante que se dijera qué proporción del total de las recaudaciones fiscales corresponde al Impuesto sobre la Renta, en comparación con las demás fuentes de tributación.

  Hasta donde se sabe, los impuestos selectivos al consumo y el ITBIS están entre las principales fuentes de ingresos y, por otra parte, la estructura tributaria no hace tanto énfasis en gravar las grandes ganancias.

Aparte de esto, el régimen tributario contempla exenciones en el campo productivo que se convierten en grandes ganancias para la industria, ganancias que no tributan en la proporción debida.

II

Otra arista del prisma tributario es que la mayoría de las cargas aplicadas al entorno de las grandes riquezas son transferibles al consumidor.

La política tributaria del país, por su naturaleza, genera costos que sobredimensionan la proporción transferible a los consumidores, y eso es algo que entra en conflicto con las políticas de combate a la pobreza.

Por otra parte, el criterio de redistribución del ingreso que aplica el Estado no parece ser el más beneficioso para los ciudadanos del país, pues se sustenta en un gasto público vulnerable a las distorsiones de coyuntura, sobre todo en épocas de efervescencia y laborantismo políticos.

La pretensión de emplear en obras los excedentes presupuestales del presente año se corresponde con este criterio.

 En cambio, la política tributaria no está diseñada como instrumento de desarrollo y por lo tanto carece de equidad.

No es lo mismo redistribuir parte de lo recaudado a través de un gasto público generalmente veleidoso, que aplicar  una política tributaria equitativa que permita el desarrollo entre los actores de la economía.

Y, por supuesto, los beneficios políticos no se perciben cuando es la política tributaria la que promueve el desarrollo, sino cuando es el gasto público que genera tangibles orientados hacia esas metas.

Luego, afirmar que el Gobierno “se iría de bruces” si redujera a un 15% el Impuesto sobre la Renta es una forma simple de rechazar la posibilidad de instrumentar una política tributaria realmente equitativa y desarrollista, y de persistir en un esquema que transfiere la mayor parte de la carga fiscal hacia los sectores más deprimidos de la economía.

El criterio moderno en la materia que nos ocupa es promover la competitividad y el desarrollo de la economía a través de una política tributaria equitativa.

Irse de bruces si se reduce la renta  parece un contrasentido cuando existe una política fiscal de excedentes tan cuantiosos.