Cualquier dominicano que esté dando seguimiento al proceso político en curso en los Estados Unidos deberá concluir que en este país la competencia por posiciones públicas electivas ha descendido al nivel de una gallera. En efecto, eso es lo que se vive en esta nación: empresarios billonarios apostando desaforadamente montañas de dinero a favor y en contra de contendientes que tratan de asesinarse políticamente unos a los otros mediante inmisericordes y furiosos ataques negativos.

Esta es la imagen precisa de las primarias del Partido Republicano y ello solo presagia lo que será la campaña presidencial. Por ejemplo, en menos de una semana Mitt Romney gastó US$15 millones (RD$585 millones) en comprar en la Florida 13,000 espacios en TV y radio que afirmaban que Newt Gingrich era errático, inestable, deshonesto y sin ética.

El origen de este tsunami de dinero que amenaza con ahogar la democracia norteamericana está en dos  decisiones de la Suprema Corte de Justicia del año 2010. En ellas se derribó una legislación sobre donaciones políticas de 100 años de existencia; se le otorgó a las corporaciones categoría de una persona real –en lugar de la ficción legal que ellas constituyen- y se les concedió el derecho de gastar sumas ilimitadas de dinero a favor o en contra de un candidato a una posición electiva. Los recursos se canalizan a través de Comités de Acción Política (Political Action Committe o PAC en inglés) –lo que serían en nuestro país algo así como grupos externos de apoyo. Las sumas de dinero que los billonarios están contribuyendo son tan enormes que ello ha dado lugar al nacimiento de los Super-PAC.

Supuestamente los PAC no pueden coordinar sus acciones con el candidato que apoyan, pero en la práctica ello no se aplica: el Super-PAC que apoya a Gingrich tiene como su vocero a su ex-secretario de prensa y en el Super-PAC que apoya a Romney están miembros senior de su equipo de campaña del 2008.

La decisión de la Corte Suprema ya genera el primer gran reto a la democracia norteamericana: las condiciones están dadas para que los recursos que afluyan a los Super-PAC superaren los que los partidos pueden recabar, situación esta que puede materializarse en la próxima campaña presidencial. Bajo tales circunstancias, el poder de las corporaciones para imponer líneas programáticas a los candidatos incrementará de tal manera –y de forma tan obvia- que los partidos verán cuestionada la legitimidad de su condición de agentes de la voluntad ciudadana.

De hecho, el rol protagónico de los Super-PAC en las primarias republicanas ha generado desagrado en amplios sectores de la población.

Fuera de los EUA, es posible prever un descenso en la calidad de la democracia en los países emergentes que consideran como ejemplar al sistema político de esa nación. Tarde o temprano copiaran la reforma política ejecutada allí. Por otro lado, las élites de aquellas naciones emergentes con regímenes autoritarios se verán confirmadas en sus dudas sobre la bondad de la democracia liberal.