La falta de aplicación de las leyes es, en buena parte, fruto de la subordinación del Ministerio Público al Presidente de la República.

El daño que ha hecho a nuestra sociedad esa dependencia es la más palpable de que el Poder Ejecutivo es un supra-poder que actúa por encima y contra lo que disponen la Constitución y las leyes.

No olvidemos que el sempiterno Presidente Joaquín Balaguer estaba convencido de que “la Constitución es un pedazo de papel” como se atrevió a decir en mala hora.

Lo peor es que esa burla a la Ley de Leyes ha quedado como un ejemplo de un Presidente que tuvo el descaro de decir lo que otros han demostrado con los hechos.

Si “la Constitución es un pedazo de papel” el conjunto de leyes es un manojo de papeles impresos, cuya tinta puede manchar si se usa para cumplir con elementales reglas de  higiene, como manda la educación. El presidencialismo es un mal terrible que se ejerce desde arriba, desde el poder y se acata y aúpa, desde quienes  piden a los mandatarios que se inmiscuyan en los asuntos propios del Poder Judicial.

El Ministerio Público ha sido ejercido por funcionarios que acatan las órdenes presidenciales, con mayor disciplina y presteza que la que observan bien entrenados militares en el campo de guerra, conocedores de que cualquier pifia les puede costar la vida. Dentro del estrecho marco que le permiten las leyes y reglamentos que norman la acción del Ministerio Público se consigna o no, pero se cumple, que la última decisión la toma el Poder Ejecutivo.

Es desde allí desde donde se pone y dispone a favor o en contra, conforme a intereses políticos que distan mucho de ser los mejores consejeros de la aplicación de las leyes. Basta con hacer un poco de memoria y recordar que nunca el Ministerio Público ha puesto en marcha la acción judicial para perseguir a policías o militares o a dirigentes de partidos políticos que matan uno o más militares políticos en medio de una campaña electoral.

Esa es una verdad tan terrible que ni siquiera a los familiares, a los conmilitones, al partido al cual pertenecía la víctima y muchísimo menos al Procurador Fiscal, se le ocurre procurar el inicio de una acción  judicial que ponga en marcha los mecanismos que permitan castigar a los culpables del homicidio o asesinato, según se trate. El Ministerio Público no representa la sociedad cuando sube a estrados para participar en un caso, a quien representa realmente es al Poder Ejecutivo y la voluntad de su titular.