Políticas públicas de la educación superior

Políticas públicas de la educación superior

Jesus de la Rosa.

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En esta última entrega, trataremos de ofrecerles a nuestros amables lectores una breve descripción de los problemas que más afectan a nuestro sistema de instituciones públicas de educación superior con el propósito de destacar los factores estratégicos que habrían de definir su porvenir. Para lograrlo, recurriremos a nuestra experiencia en la materia y a diversos análisis y estudios de autores destacados respecto a las características, problemas y tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe.
Para definir qué cambiar y qué conservar en nuestras instituciones públicas de educación superior debemos partir de un acabado conocimiento de sus actuales condiciones y de establecer cuál es el perfil que deseamos para ellas.
Salvador Malo, en la página 55 del Documentos Columbus sobre Gestión Universitaria, revela que “por aisladas, circunscriptas o protegidas que estén nuestras universidades, sus egresados, e incluso ellas mismas, están siendo medidos, cada vez con más frecuencia, según estándares y normas ajenas a las tradicionales”. Las comunicaciones y la tecnología informática –continuamos citando a Salvador Malo- “facilitan las comparaciones, amplificando y multiplicando los indicadores y parámetros provenientes de los países dominantes” y lo que es peor: “los organismos internacionales enfatizan y acentúan esos paradigmas; nuestros gobiernos tienden, por añadidura, a aceptarlos y adoptarlos como la referencia o norma obligada”.
Las treinta y una universidades, fundadas por la Corona española en América cuando aún no había terminado la Conquista y unas cuantas décadas después del Descubrimiento, han jugado un papel de primer orden en la evolución y desarrollo de las sociedades latinoamericanas. En una primera etapa, las actividades de esas altas casas de estudios estuvieron orientadas a la formación del personal requerido para la burocracia colonial, civil y escolástica, contribuyendo luego a la sustitución de las autoridades españolas por los representantes de las oligarquías republicanas y, siglos después, al ascenso político de las clases medias a través del movimiento reformista iniciado en la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918.
En seno de las universidades públicas latinoamericanas se formaron, y aún se forman, no solo las personalidades académicas y políticas que sostuvieron las estructuras coloniales y republicanas y que ejercieron sucesivamente el poder político en la región, también “los intelectuales que favorecieron el ingreso y desarrollo de ideas renovadoras que muchas veces culminaron en la sustitución de los gobiernos y en la transformación de las estructuras económicas y sociales de las naciones independizadas”. En casi todos los actos de recordación de la lucha del pueblo dominicano por la libertad y la justicia se destaca la figura de un catedrático, estudiante o empleado administrativo de la Pontificia, Real y Autónoma Universidad de Santo Domingo.
La Autonomía y la libertad de cátedra permitieron, que las universidades se fueran convirtiendo en “un ámbito destinado al cultivo del conocimiento en su más amplia aceptación, donde la reflexión crítica, epistemológica y ética sobre sí mismas y sobre la sociedad en su conjunto, constituyen las tareas esenciales”
A partir del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, junto con la restauración de la democracia aquí y en las demás naciones del continente, se fue extendiendo por toda la región un debate sobre la educación superior que nos ha permitido visualizar las siguientes tendencias: una notable expansión de la matrícula estudiantil; una restricción relativa de la inversión pública en el sector de educación superior; una rápida multiplicación y diversificación de las instituciones dedicadas a impartir distintos tipos de enseñanzas, y una creciente participación del sector privado, entre otras.