POR JESÚS DE LA ROSA
Funcionarios de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y unos que otros rectores de universidades perciben cierta falta de concordancia entre el producto de nuestra educación superior y las demandas de la sociedad; también, cierto debilitamiento de la interacción entre lo que se enseña en las casas de altos estudios con la economía del país y con los eslabones de la producción nacional.

Les preocupa el hecho de la falta de profesionales con capacidad de transformar lo que aprendieron en las aulas y en los laboratorios universitarios en herramienta cotidiana de trabajo.

La secretaria de Educación Superior, maestra Ligia Amada Melo, ha expresado, en varias ocasiones que la calidad de la educación que ofrecen las universidades del país no responde a las demandas de la sociedad dominicana de hoy. Y que sus fallas consisten en que hacen poco uso de la tecnología de la información y que no disponen de instalaciones ni de modernos equipos de laboratorios.

Se trata de apreciaciones sinceras que, por estar centradas en una fase del hecho, no ahondan en sus raíces.

Al enfocar este problema, es oportuno tener en cuenta no solamente las demandas de la sociedad y los inconvenientes que surgen en la reproducción de mano de obra calificada sino también las particularidades específicas siguientes: el grado de dependencia de la formación superior con respecto al desarrollo socioeconómico del país;  y la estrecha interacción entre las fases de reproducción de la mano de obra calificada y los años que transcurren entre las manifestaciones de sus resultados en el proceso de utilización del trabajo calificado.

El problema de mejorar la calidad de nuestras instituciones de educación superior no se resume solamente en el trabajo del aula y en las labores de extensión y de investigación.

La elevación de la efectividad de la educación superior debe analizarse desde el punto de vista de la efectividad del trabajo de los profesionales y en estrecha relación con la elevación de la calidad en la formación de los estudiantes de las universidades y de los institutos técnicos superiores.

Todos los esfuerzos que hemos venido realizando en favor del mejoramiento de nuestra educación superior podrían resultar inútiles si el Estado no aporta los recursos económicos y brinda las facilidades que en el mundo de hoy demanda la formación de mano de obra calificada.

El proceso de modernización de la Universidad Autónoma de Santo Domingo marcha a pasos acelerados.

Ya concluyeron las labores de construcción de la Biblioteca Central de la UASD y las de reconstrucción de su Aula Magna. Y marchan a toda prisa los trabajos de edificación de la torre administrativa, del comedor universitario y los de los laboratorios de las ingenierías.

El campus de la UASD es uno de los más bellos lugares de la ciudad de Santo Domingo.

El año pasado, fueron inauguradas las ciudades universitarias de San Francisco de Macorís y de Santiago de los Caballeros. Marchan a toda prisa los trabajos de construcción de la ciudad universitaria de Puerto Plata; también, los de los centros regionales de Barahona, San Juan de la Maguana e Higuey.

Para orgullo de los dominicanos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Primada de América, está en vías de convertirse, sino en la mejor, en una de las mejores universidades públicas de la América española.

Con su sede central y sus once sedes regionales, y con su más de 150 mil estudiantes, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es hoy, más que una universidad, la cabeza de un subsistema de instituciones de educación superior.

Modernizar la UASD y ponerla a la altura de las mejores universidades del continente le está costando al Estado dominicano miles de millones de pesos y cientos de millones dólares.

Una vez que ese proceso de modernización de la UASD concluya, el costo de sostenimiento de la universidad estatal se elevará a niveles considerablemente altos. Para entonces, ¿dispondrá el Estado dominicano de recursos económicos suficientes para financiarla? Si la respuesta es no ¿a cuáles otras fuentes de financiamiento acudirán las autoridades de la UASD?

El sistema dominicano de instituciones de educación superior está integrado por 4 institutos especializados de educación superior; 4 institutos técnicos de estudios superiores y 33 universidades.

Para ofrecer una educación a tono con las exigencias de una economía globalizada de mercados abiertos a la competencia internacional, todas esas instituciones necesitan, en mayor o en menor grado, modernizar sus plantas físicas y adquirir modernos equipos de laboratorios. Pero, ¿cuántas disponen de recursos económicos para hacerlo?

La UASD y las universidades privadas fundadas por la Iglesia Católica y por grupos empresariales son las únicas que aquí disponen o podrían agenciarse los recursos económicos que se necesitan para emprender un proceso de modernización de su infraestructura y de adquisición de  nuevos equipos y de tecnologías de última generación.

Una educación superior de calidad viene aparejada con un alto costo de los estudios.

De aquí a unos años, la tarifa de matriculación en universidades privadas aquí podría elevarse a niveles inalcanzables para los padres de familias de clase media.

¿Qué pasaría si el Estado dominicano se viera imposibilitado de sostener la UASD y la mayoría de padres de familias impedida de costear los estudios de sus hijos en una universidad privada de altos estándares?

Ocurriría que tendríamos que retrotraernos al viejo modelo de universidad de élite. Sí ello llegara a suceder, la mayoría de nuestros jóvenes vería desaparecer sus esperanzas de una vida mejor.

El presidente Leonel Fernández no se ha cansado de predicarles a los jóvenes que la única vía legítima de escalar socialmente es la dedicación al estudio y al trabajo.

Así las cosas, el problema de la evaluación de nuestras universidades se verá reducida a determinar qué universidad tiene o no tiene recursos económicos para emprender un proceso de modernización que envuelva la remodelación de su planta física, la construcción y equipamiento de sus bibliotecas y laboratorios y la compra de equipos de alta tecnología.

De las 33 universidades que tenemos, 11 de ellas, es decir, un 33%, tienen menos de 500 estudiantes. Y dos, menos de 100 alumnos. Se trata de instituciones de recursos muy escasos, que sobreviven ofertando facilidades de hacerse de un título profesional con el menor esfuerzo.

El 20 de diciembre recién pasado, invitado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Manuel Crespo, investigador del Departamento de Educación de la Universidad de Montreal, dictó una conferencia en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo acerca de las tendencias de las políticas públicas con respecto a la educación superior en los Estados Unidos, Canadá y algunos países de la Unión Europea. Dichas políticas, a decir del ilustrado canadiense, revelan un mayor interés de parte de los Estados en la conducción de la educación superior; una preocupación por facilitar el acceso a ese nivel de enseñanza; el uso de indicadores de rendimiento de parte de las universidades; la internalización de las instituciones; y la reconversión de la información.

En una parte de su exposición de más de dos horas, el doctor Crespo resaltó que en países como Austria, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, los Países Bajos y Suecia el papel del Estado en la educación superior se ha reducido considerablemente y que en las universidades de  esas naciones los mecanismos de mercado y la autorregulación han tomado la delantera.

El investigador canadiense también se refirió, en términos que no nos parecieron muy elogiosos, al modelo institucional de gestión universitaria, el más conocido en la América española, el que considera las instituciones universitarias como guardianes de los valores académicos y de las tradiciones en contra de gobiernos y de políticos reaccionarios y violadores de los derechos humanos. No obstante, el investigador canadiense no dejó de señalar que la característica principal de ese modelo de gestión universitaria es la autonomía, la libertad académica de los profesores y la responsabilidad de la universidad de transmitir la herencia cultural y científica de la humanidad.

El doctor Crespo también se refirió a un modelo de gestión universitaria poco conocido en nuestros medios, el pluralista corporativo, el que cuestiona la idea de que la universidad sea gerenciada desde un solo lugar de control en vez de serlo desde varios sitios legítimos de autoridad y de control de competencia.

El ilustrado canadiense subrayó el hecho, muy paradójico por cierto, de que los Estados de los países altamente industrializados hoy se interesan más por marcar el rumbo de las universidades, paralelamente con la disminución de sus aportes para sostenerlas.

La exposición del doctor Crespo fue muy bien comentada por los funcionarios del gobierno, rectores de universidades, dirigentes empresariales y demás interesados presentes en la conferencia. Uno de ellos, el doctor Miguel Escala, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, quedó tan impresionado con la exposición del investigador de la Universidad de Montreal que le planteó a la titular de la secretaría de Educación Superior que el ilustrado canadiense fuera invitado de nuevo para dirigir un seminario acerca de las políticas públicas de la educación superior.

Después de la charla del canadiense escuchamos muchas críticas acerca de lo que hemos venido haciendo en materia de educación superior. Comenzó a hablarse de conciliar la oferta de profesionales egresados de las universidades con la demanda de personal calificado por parte de la industria el comercio y del sector de servicios; de comenzar en lo inmediato un proceso de evaluación de las universidades y demás instituciones de educación superior; de convertir nuestras universidades en empresas rentables de conocimiento; y de muchas cosas más. Se desataron unos crescendos sinfónicos de críticas dirigidas al grado de utilidad de los conocimientos que se adquieren en las aulas universitarias.