Dos de los abogados que propugnan por la conformación del Defensor del Pueblo denuncian  que la clase política que domina el Poder Legislativo desea dejar sin efecto la instalación del nuevo organismo, para con el tiempo desechar a los miembros electos y así poder seleccionar a nuevos integrantes.

Juan Bautista Castillo Peña y Pedro Batista Díaz critican que tres años después de que el Defensor del Pueblo se ha designado en la Constitución dominicana y de que se le diera un plazo  a la Cámara de Diputados para enviar la terna al Senado de la República, el tema quedara en el olvido.

Deploraron que el presidente de la comisión de diputados coordinadora del Defensor del Pueblo, Teodoro Ursino Reyes,  precisara en un medio de comunicación que el tema estaba sobre la mesa, a los fines de crear otra comisión coordinadora para buscar un consenso con los partidos políticos. “Eso es extraño, porque no veo se aboquen a un mandato constitucional”, dijo Castillo Peña.

Batista Díaz asegura que no hay voluntad política para el funcionamiento del Defensor del Pueblo, empero, afirmó  que no hay vuelta atrás, ya que es la Constitución la que obliga a designar los miembros de la entidad que representa a la ciudadanía.

Al Defensor del Pueblo le asignaron  un presupuesto de 100 millones de pesos para  operar, por lo que descartan que el problema sea por falta de dinero.

Los abogados recordaron que la última decisión la tiene ahora el Tribunal Superior Electoral y que el procurador ante esa instancia emitió un dictamen favorable, por lo que entienden que no hay obstáculos para que se ordene la elección de los miembros del Defensor del Pueblo.

Indicaron que el pasado 11 de enero, ellos presentaron sus conclusiones ante el Tribunal Constitucional, el cual se reservó el fallo para una próxima audiencia, fecha que aun no ha sido fijada. Tribunal Constitucional debe decidir de  30 días a cuatro meses.