La crisis política del año 1994 terminó estableciendo las bases de un proceso sumamente interesante porque despojaba a los senadores de la facultad de tener sus jueces. Aunque resulta una coincidencia frustratoria, pero la fatal tendencia de que las perturbaciones electorales ambienten reformas institucionales, también hizo del pacto de las corbatas azules una concertación para el reparto indecoroso del Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional.
El país será testigo de lo que se inició el pasado martes 2, con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante, si bien es cierto que el último esfuerzo por elegir nuevos integrantes del órgano electoral demostró distancias entre el lodazal anterior y los actuales titulares, existen claras manifestaciones de que en la sustitución de cuatro (4) integrantes del Tribunal Constitucional no se eliminarían las deficiencias y distorsiones que mantienen al activismo partidario penetrando decisiones jurídicas fundamentales.
Técnicamente, el reglamento actual del Consejo Nacional de la Magistratura establece la evaluación efectiva de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, así lo alarmante es que el interés de fiscalizar el desempeño no alcanza al cuerpo de magistrados del constitucional. Es decir, que todos los integrantes del sector justicia deben auscultarse respecto del desempeño, ética y capacidades. Injustamente, se coloca en una zona de exclusividad a una instancia “exquisita” donde larguísimos años en el ejercicio sirven de licencia para que algunos de sus titulares se desborden en el desempeño de su labor.
La noción de reparto caracterizó la integración del Tribunal Constitucional, y si nadie tiene dudas, el perfil partidario fundamentalmente de tres de sus miembros es un signo vergonzante. Y ahora es posible que los actuales miembros del Consejo Nacional de la Magistratura transformen el reglamento vigente para garantizar excluir de ese cuerpo las falencias y deformaciones que todavía hoy garantizan que políticos tengan sus “representantes” allí.
En el terreno de los hechos, Milton Ray, Rafael Díaz y Víctor Gómez, representan una agenda partidaria. Antes de llegar a sus asientos en el tribunal no habían sudado la toga y su designación está asociada a sus relaciones con Vargas Maldonado. Por eso, su comportamiento es “garantía” de solución a sentencias que siempre encuentran una decisión “satisfactoria”. Y todo el entramado de asociación entre la lógica partidaria y votos de los jueces constitucionales se mantendrá debido a que, el proceso de reemplazo pendiente, alcanza a uno de los “magistrados-activistas” debido a su salida definitiva por razones de edad. Los otros “dos” seguirán operando: Ray Guevara, desde la presidencia, por la enorme influencia que ejerce y Díaz Fílpo, de una fascinación por el cabildeo y arreglos tras bastidores.
La tarea del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe concentrarse en avanzar hacia la selección de lo mejor en el ámbito constitucional, en el primer ciclo de la convocatoria. En buena justicia, la salud institucional del país depende de la capacidad de que los actores políticos entiendan la urgencia de no dañar de irracionalidad partidaria decisiones donde debe prevalecer siempre lo jurídico.
Lo trágico es que las licencias derivadas de la no evaluación de los jueces constitucionales permiten comportamientos que podrían ser materia de escándalos sin precedentes. Al no existir evaluación, quedan en el secretismo desbordamientos tan groseros, capaces de silenciar la existencia de un letrado de un titular que ejerció la condición sin ser abogado, la vocación de suplidor de combustibles de uno de sus miembros, la suerte y ascenso de una jefa de gabinete, el altísimo monto de millones de pesos en la realización de un infodocumental, la desagradable presencia del juez en un estridente allanamiento de un condenado federal en West Palm Beach y video del titular promoviendo las “virtudes” de un proyecto inmobiliario perseguido penalmente. ¿Por qué no hay consecuencias?