Politización de las prioridades

Politización de las prioridades

La falta de un criterio claro sobre las prioridades de un país es lo único que puede explicar que un Gobierno abandone a medio talle obras de indiscutible importancia y necesidad. Se trata de una conducta reiterada en nuestro país. Un ejemplo de extrema indolencia es la paralización durante diez años de la construcción de la Unidad de Quemados del hospital Robert Reid Cabral, que había sido concebida como un centro con todos los adelantos modernos en tratamiento de quemaduras.
Las consecuencias de ese abandono no solo tienen aristas económicas por el deterioro avanzado de la estructura. También hay perjuicios sanitarios porque al no existir la unidad especializada que alojaría ese edificio, los niños con quemaduras tienen que ser tratados en salas comunes del Robert Reid que los exponen a riesgos de infección. La otra alternativa es transferirlos al hospital infantil Arturo Grullón, de Santiago.
El Ministerio de Obras Públicas, que tiene a su cargo esta obra, afirma que en el Presupuesto del presente año hay consignados fondos para la estructura. Sin embargo, nadie ha podido explicar por qué una obra prioritaria como esa ha estado paralizada durante diez años. Posiblemente estamos ante otro caso en que el furor de una campaña política hace prometer e iniciar obras que solo importan para cubrir apariencia o deslumbrar a potenciales votantes.

Una fugaz ilusión de transparencia

El Gobierno siempre se ha esforzado por aparecer ante la vista de todos con una aureola de transparencia en sus actos. Ese esfuerzo se ha puesto de manifiesto de diversas maneras, entre las que cabe destacar la formación de veedurías ciudadanas que vigilarían la conducta oficial y tendrían facultad para hacer los cuestionamientos que juzgaran pertinentes. Pero la ilusión de transparencia que se vendió con ese método se ha ido esfumando y las veedurías han quedado sumidas en un letargo que se explica en la dificultad de acceso a información relevante en relación con conductas oficiales.
Ni siquiera la ley de libre acceso a la información pública ha salvado a las veedurías de la parquedad y el ocultamiento. Y ni hablar de la falta de herramientas necesarias para que puedan ejercer su función.

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