Hoy 
MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO
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Cuando en 1964 la secretaría de Estado de Justicia cesó para dar paso a la naciente Procuraduría General de la República, los legisladores que dictaron la ley 485 disponiendo el reemplazo, jamás osarían imaginar que años después la institución encargada de dirigir la política criminal del Estado ejercería sus funciones en un escenario radicalmente distinto, en una nueva sociedad bajo el imperio del crimen organizado, aterrorizada, indefensa, con inoperantes recursos institucionales para enfrentar la delincuencia y el poderoso narcotráfico.
Difícilmente podían concebir que el Ministerio Público (MP) se desempeñaría en un medio minado por la corrupción y el asedio sin tregua de una criminalidad magnificada, sofisticada, diversificada, dominado por bandas de delincuentes, secuestros, robos y atracos, por las redes del tráfico humano, los delitos medioambientales, lavado de dinero, contrabando de mercancías, falsificación de medicamentos y diversos artículos en una rampante piratería. Y, entre sus más recientes modalidades, el robo de metales para fundir y exportar, una alarmante ola de delitos sin fortalecer a la par ese y otros organismos encargados de su investigación y persecución.
Lo que sí habrían podido intuir y pronto vivenciar esos congresistas, porque tradicionalmente ha sido así, que más que a la sociedad que representa, el MP responde a los intereses de los gobiernos de turno, a los que ha servido de muro de contención para impedir acciones legales contra los responsables de enriquecimiento ilícito en las administraciones rojas, blancas y moradas que de 1966 a 2008 se alternan el poder.
Guardián de la corrupción. En más de 40 años de vida democrática ese organismo se ha erigido en guardián de la corrupción administrativa cuando involucra a altos dirigentes de su partido, salvo uno que otro casos protagonizados por funcionarios medios contra los que se ejercen acciones ejemplarizadoras, con las que buscan guardar las apariencias, y ponen como ejemplo de apoliticidad.
A esos fines, conforman su propio MP cada cuatro años o más en los períodos reeleccionistas de Joaquín Balaguer, como arma de presión o revancha, con lanzas en ristre para opositores. Mas, sólo algunos casos a conveniencia política, porque, pactado o no en los múltiples conciliabulos entre los partidos mayoritarios, lo que ha primado es el borrón y cuenta nueva.
La contaminación política del MP, unas veces más, otras menos, pero siempre presente, se evidencia cuando el clientelismo arrasa con los miembros de la oposición, cancelando inclusive a un personal especializado como los fiscales para suplantarlos por los del partido que asume el poder, llevándose consigo planes y proyectos iniciados por sus predecesores.
De ese modo, viola su propio estatuto contenido en la ley 78-03, elaborado en la gestión del ex Procurador Virgilio Bello Rosa en 2002 -año en que renuncia- y promulgado en 2003 por el entonces presidente Hipólito Mejía, en cuyo gobierno también primó el interés político al elegir el MP.
Durante el período de transición, Mejía dijo a Bello Rosa que lo iba a nombrar Procurador, y el jurista le planteó buscar un mecanismo para designar el MP en función de la capacidad. El me dijo que sí, pero agregó: ponte de acuerdo con los dirigentes del PRD a nivel provincial, y entonces es evidente que se designó en función partidaria.
Lo que no funcionó con criterio partidario mientras ocupó el cargo -precisa-, fue la actitud de la Procuraduría en el sentido de que a todo el que cometió una irregularidad se canceló sin importar su militancia política. No conozco, y soy un abogado en ejercicio, que en este gobierno del PLD hayan cancelado funcionarios del MP en los niveles que nosotros cancelamos. En esos dos años dejaron cesantes unos 80 fiscales y ayudantes por irregularidades o incapacidad.
¿Primaba lo político al sustituirlos? Si voy a ser sincero tengo que decir que sí, con los miembros del partido nuestro, esa es la realidad, y no debe ser así. Designaron gente que yo no le niego seriedad, pero por razones políticas.
Conforme al referido estatuto, el presidente de la República puede designar al fiscal pero no cancelarlo, y si comete una irregularidad lo juzga el Consejo Disciplinario, recomendando su cancelación al mandatario y el nombramiento del sustituto. El estatuto crea las condiciones para que haya independencia en el MP, sin embargo, la propia designación por parte del Presidente implica que hay una dependencia, pero ¿qué hizo este gobierno con el estatuto?, que prácticamente no lo aplicó.
Para tomar el control de los fiscales, a inicios del nuevo gobierno del PLD, dictan en agosto de 2004 el decreto 873-04, que dispone su designación provisional, quedando así al margen de la carrera judicial.
Es el criterio para nombrarlos, excepto los recomendados por la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), todavía muy pocos, indica Bello Rosa, señalando que en lo administrativo la Procuraduría opera adecuadamente, pero en su función jurisdiccional de la administración de justicia está permeada por la política. Califica al ex Procurador Francisco Domínguez Brito y al actual Radhamés Jiménez Peña de excelentes funcionarios, que han ejercido sus funciones con responsabilidad y honestidad. Eso es indiscutible, pero modificaciones estructurales no se han hecho, no son ellos quienes tienen que hacerlas, en todo caso tendrían que proponerlas, es el Poder Legislativo que tiene que hacer esas modificaciones.
Sin identidad. Consecuentemente, el MP sigue siendo una entidad con problemas estructurales, sin identidad institucional propia y dependiente del poder político, con lo que se desnaturalizan sus funciones y pierde objetividad, como plantea el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) , Servio Tulio Castaños Guzmán.
Sin un MP eficiente y responsable -expresa- jamás contaremos con una administración de justicia que dé respuestas contra el crimen y la corrupción, porque los jueces fallan sobre la base de lo que le ofrece el fiscal. Significa que el Poder Judicial está atado a la acción que incoa el MP, y así, la inercia, ineficacia o torpeza de éste termina truncando o neutralizando los procesos.
El ex fiscal del Distrito, Guillermo Moreno, cita la débil formación especializada en las tareas del MP, falta de equipos y condiciones salariales adecuadas, y la detección de actos de corrupción en algunos de los integrantes del MP. Cada uno de estos factores, y más aun si se dan en forma simultánea, influyen negativamente en la labor del MP, la parte más activa en la administración de la justicia penal, sobre el que recae la investigación y persecución, y en tal virtud reúne las pruebas, acusa y sostiene éstas en las distintas jurisdicciones.
Expone que la influencia política mínimamente comienza a cambiar, aunque no en la profundidad y rapidez deseable. No es solo que tradicionalmente el partido que gana las elecciones considera que los cargos del MP le pertenecen -dice-, sino que muchos de los que acceden, aun por concurso, sienten que su lealtad no está con la sociedad y la ley, sino con el gobierno que los nombró.
Las frases
Servio Tulio Castaños
Su adscripción discrecional al poder político hace que se perciba al MP como un ejecutor de políticas y órdenes que emanan desde el Ejecutivo.
Virgilio Bello Rosa
Esas manifestaciones de la criminalidad han desbordado las autoridades, se han ido por encima a la preparación de la justicia en general
Guillermo Moreno
La persecución de la corrupción de los funcionarios del partido contrario está supeditada a la autorización expresa del Presidente de turno.
Las claves
1. Formación
Un problema de fondo es que el Ministerio Público no está formado ni entrenado como investigador criminal
2. Arma política
Muchos casos de corrupción de ex funcionarios opositores se investigan y se dejan abiertos como arma de chantaje y presión política.
3. Designación
La ley del Ministerio Público establece un mecanismo de concurso y ascenso por oposición, pero quien nombra es el Poder Ejecutivo.
4. Inamovilidad
El estatuto de carrera del Ministerio Público debe garantizar la inamovilidad de sus miembros y la independencia funcional de sus actuaciones.
5. Estatuto
Aunque el MP cuenta con un estatuto de carrera, el mismo no es suficiente para proveer la seguridad en el puesto. No existe un sistema de carrera con soporte constitucional.
Zoom
Recomendaciones
Virgilio Bello Rosa: Facultar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que podría ampliarse, para designar al MP, con lo que se ganaría la apoliticidad en la administración de justicia.
Guillermo Moreno: Que el MP tenga bajo su dependencia directa los institutos forenses y criminalistas, y que el personal, sea o no de la PN, esté bajo su control y fuera de la sede provincial para darle la dirección efectiva en la investigación de las infracciones.
Servio Tulio Castaños: Convertir el MP en un organismo extra poder, creando las bases para que sus miembros superiores los seleccione un órgano ad-hoc colegiado y plural, similar al CNM, con otros actores sociales.
