La politóloga Silvia Soto expresó que con la llegada de la crisis del COVID-19 al país se profundizado debilitamiento del Estado de Derecho, pues según ella, el gobierno ha utilizado dicha crisis como excusa para violentar el “principio de Igualdad” de la Carta Magna, y la Ley 340-06 y su modificación en el párrafo único del artículo 6 numeral 1); y el Reglamento de aplicación 543-12 en su artículo 3, numeral 2) y el artículo 4 numerales 1) y 8) sobre el manejo de Compras y Contrataciones.

Consideró, que las violadas de la referida ley se encuentran contenidas en el artículo .2, que establece la obligatoriedad de que las instituciones garanticen la máxima publicidad a los concurso para suplidores. «En el artículo 3 que establece que el Estado debe garantizar la calidad, el precio y el tiempo de entrega oportunos. Y en el artículo 5, que dispone que las instituciones deban elegir proveedores frecuentes, que hayan cumplido a tiempo y con las demás condiciones requeridas».

La especialista destacó, que existen denuncias de parte de medios que han investigado, y empresas que han sido afectadas de que han sido seleccionadas empresas sin ningún tipo de trayectoria como suplidoras de los productos requeridos por el Estado en los concursos y sin contar con el capital garantista y de que a pocas horas de abrirse los concursos muchas veces son cerrados inmediatamente después de que sometieran su aplicación participantes supuestamente vinculados al gobierno.

En cuanto a la violación a las normativas constitucionales, ésta refiere al artículo 8, el cual dispone que el Estado debe garantizar, «la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas». En resumen refiere a la no discriminación en ningún aspecto.

“Cabe destacar, que la consagración del derecho a la igualdad está contenida en el título o epígrafe relativo a los «Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales» o «Constitucionales», entre los Derechos Civiles y Políticos, que son los de primera generación colocado luego del derecho a la vida y al de la dignidad humana, lo que significa que la igualdad en nuestra constitución es, además de un derecho fundamental, un derecho fundamental subjetivo, porque pertenece a la persona”, señaló.

Pero destaca, que es el artículo 39 la Carta Magna, el que instituye de manera taxativa, el Derecho a la Igualdad cuando expresa «Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal».

En este sentido, señaló que se puede verificar la violación de los principios constitucionales de equidad e igualdad por parte del gobierno Dominicano a favor del candidato oficialista: Gonzalo Castillo, al disponer toda la maquinaria del Estado para impulsar su campana, hasta el punto de que se puede hablar de un” Estado paralelo”, dejando en desventaja a los candidatos de la oposición.

De igual forma dijo que la violación a las leyes; 41-08 de Función Pública y 33-18, de Partidos Políticos, y el artículo 196 de la 15-19, los cuales establecen que los funcionarios públicos que administren recursos del Estado, no podrán prevalerse de sus cargos mientras se encuentren en campañas y en proselitismo a favor de un partido o candidatos, como los casos de la Vicepresidenta Margarita Cedeño por su condición de coordinadora del Gabinete Social de la Presidencial y candidata vicepresidencial, y el de Francisco Javier Clark Vásquez, candidato a senador de Puerto Plata, quien es Sub-Contralor General de la República.

“La democracia dominicana se encuentra en una grave crisis, algo que es muy preocupante, pues es lo más preciado con lo que puede contar un país. Se hace urgente restaurar el Estado de Derecho, y lo único que puede lograr esto, es una ciudadanía empoderada y un electorado consiente”, puntualizó.