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CHARLOTTE, Carolina del Norte, EEUU (AP) _ Cuando trascendió la noticia de que Bank of America Corp. probaba una nueva tarjeta de crédito que podría quedar disponible para los inmigrantes indocumentados se desató un intenso debate.
Los críticos de la inmigración ilegal convocaron a boicotear al banco, del que dijeron podría apoyar a terroristas y narcotraficantes. Algunos consumidores indignados cancelaron sus cuentas y enviaron de vuelta sus tarjetas de crédito, destruidas.
El director general del banco, Ken Lewis, admitió que «nunca es agradable encontrarse en el centro de un acalorado debate nacional’’.
Pero el Bank of America no es el primero que ofrece una tarjeta semejante: Citigroup Inc. informó que lo ha hecho durante años, mientras que Wells Fargo & Co. ha señalado que estudia la idea. Las tarjetas no son sino un paso más de una industria que ha invertido millones de dólares para atraer a los consumidores en la creciente comunidad de origen latinoamericano en el país, y entre los aproximadamente 12 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Todo ello refleja un hecho que enfrentan todos los negocios al menudeo en Estados Unidos. Aunque no pueden emplear legalmente a trabajadores indocumentados, hay muy pocas restricciones para atraerlos como consumidores.
«Como dueño de un negocio, uno le vende a cualquiera que entre en una tienda o que realice compras por internet. Normalmente es algo fácil’’, dijo Steven Camarota, director de investigación en el Centro de Estudios sobre Inmigración en Washington. «Esto se complica sólo en algunos casos, en que se necesita una identificación específica, como en los servicios financieros’’.
Pero también en ese terreno las empresas buscan atraer a los inmigrantes. El mes pasado, Bank of America informó que había comenzado un programa de prueba en el área de Los Angeles, a finales del 2006, para que no fuera necesario un número del sistema de Seguridad Social a fin de obtener una tarjeta de crédito.
El banco, con sede en Charlotte, insiste en que la tarjeta no está diseñada específicamente para los inmigrantes indocumentados y que hasta ahora no ha sido muy usada por ese grupo.
No hay una decisión definitiva sobre si el banco ofrecerá la tarjeta en otros lugares, pero ésta podría ser popular entre una población que en general carece de instrumentos de crédito.
«Es una idea elemental. Este mercado es muy grande’’, dijo Jim Johnson, director del Centro de Estrategias para la Inversión Urbana de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. «El banco es apenas el ejemplo más reciente de una corporación que reconoce el impacto de hacer negocios con los hispanos’’.
En el 2005, los 6,6 millones de familias de inmigrantes ilegales tuvieron un ingreso anual promedio de 29.500 dólares, y representaron casi 200.000 millones de dólares en poder adquisitivo, una cifra que crecerá, dijo Jeff Passel, demógrafo del Pew Hispanic Center.
«Ellos causan un impacto en la economía’’, señaló Passel. Aunque ha aumentado el uso de tarjetas de crédito entre los 42 millones de hispanos en el país, un número considerable de familias hispanas carece de esos instrumentos para hacer sus compras, de acuerdo con un sondeo del Consejo Nacional de La Raza, el cual señaló que el 80% de las familias estadounidenses usa tarjetas de crédito, en comparación con 56% de los hogares hispanos.
Durante años, los bancos estadounidenses han buscado atraer a los inmigrantes como un objetivo prioritario de su estrategia de negocios. Han trabajado para vender servicios que van desde la apertura de cuentas tradicionales de cheques hasta las transferencias electrónicas que hacen posible el envío de remesas a los países de origen de los inmigrantes.
Normalmente, los consumidores no necesitan un número de Seguridad Social para abrir una cuenta bancaria. Pueden identificarse mediante la llamada «matrícula consular’’ que expide el consulado de México a los ciudadanos de ese país, o una clave individual de identificación del contribuyente (ITIN en inglés), emitida por el Servicio de Recaudación Interna. El programa piloto del Bank of America en Los Angeles permite que los consumidores utilicen esas identificaciones para obtener una tarjeta de crédito.
La tarjeta es semejante a algunas ofrecidas a personas con mal historial de crédito: requiere que los consumidores tengan una cuenta de ahorro en el banco y que ésta haya tenido fondos aceptables al menos durante tres meses. Además, es necesario pagar una cuota de 99 dólares por adelantado, que puede reembolsarse después.
«Esta iniciativa permite que los consumidores se vayan creando un buen historial de crédito con un banco líder’’, dijo Betsy Weinberger, vocera del Bank of America.
Sin embargo, Camarota dijo que la mayoría de los estadounidenses no ve con buenos ojos que los negocios se aparten de sus prácticas tradicionales para atraer a los indocumentados.
Los críticos de la inmigración ilegal consideran que dar crédito a los indocumentados los incorpora más a la sociedad estadounidense. Muchos temen que sin una clave de Seguridad Social, el banco no pueda cerciorarse de que los consumidores no usarán la tarjeta para actos delictivos, como terrorismo o narcotráfico.
«Sólo vemos esto como otro paso para poner en riesgo a nuestro país, para que los bancos puedan ganar unos cuantos dólares más’’, opinó Rod Woodard, director de NC Listen, una organización que propone reformas para combatir la inmigración ilegal, con sede en Cary, Carolina del Norte.
La polémica ha estremecido al banco minorista más grande de Estados Unidos. Lewis respondió a la controversia mediante una columna en el diario The Wall Street Journal, donde señaló que el banco cumple con las provisiones de la llamada Ley Patriota, misma que fija los parámetros con los que un grupo financiero puede aceptar identificaciones expedidas por gobiernos extranjeros, incluida la matrícula consular.
«Me parecen paradójicos los esfuerzos de aquellas personas cuya preocupación principal es la seguridad nacional, pero que buscan socavar una estructura de regulación diseñada en buena medida para combatir el terrorismo’’, escribió Lewis.
Añadió que sólo un 16% de los consumidores que han solicitado la tarjeta de crédito carece de número de Seguridad Social.
«Creemos que tenemos la obligación de atender a todas las personas que pueden recibir legalmente ciertos servicios en nuestro país’’, escribió Lewis. «No hacerlo sería algo discriminatorio e injusto’’.
