El tema de los cinco altos ejecutivos del grupo hotelero español Barceló procesados y condenados es el segundo reportado por medios de comunicación en que una corte de justicia de Higüey acepta enjuiciar por robo a ejecutivos de entidades extranjeras que ejecutaron embargos a bienes de personas que no pagaron deudas documentadas o incumplieron compromisos establecidos en contratos comerciales.

En ambos casos eran litigios en curso en la jurisdicción civil, pero la parte embargada decidió presentar querellas por robo que fueron aceptadas, provocando situaciones excepcionales.

El Distrito Judicial de la provincia La Altagracia con frecuencia se ve envuelto en escándalos y sus magistrados cuestionados por personas y empresas que se ven afectadas por sus actuaciones. La semana pasada, el Consejo de Poder Judicial conoció en audiencia 9 quejas por la conducta asumida por el juez de la jurisdicción original de tierras de Higüey.  También, en abril del año pasado explotó el escándalo de los «embargos-asaltos», como se ha llamado a acciones de embargo contra hoteles ejecutadas con procedimientos cuestionados, en los que las empresas perjudicadas afirman que nunca fueron notificadas, y los alguaciles actuantes se acompañan de turbas que atacan por sorpresa y con violencia atemorizando a los turistas alojados en los establecimientos.

En el caso de Hoteles Barceló, los abogados de la empresa han explicado que los jueces de Higüey convirtieron en un caso de robo agravado un litigio civil y comercial causado por el desalojo de un local alquilado cuyo ocupante se negaba a entregar, y tenía deudas pendientes documentadas que dieron lugar a un embargo –autorizado por un juez- de una parte de las mercancías almacenadas en los locales arrendados.

La Constructora López Carías, a pesar de que el caso estaba en la jurisdicción civil, presentó una querella por robo que fue archivada dos veces por el fiscal titular, pero posteriormente logró que fuera presentada al juez de instrucción que envió a juicio a los ejecutivos de Barceló contra quienes se ordenó prisión provisional como medida de coerción, aunque posteriormente esto fue variado. En noviembre pasado un tribunal colegiado condenó a cinco años de prisión a los acusados.

El otro caso similar reportado ocurrió en torno a unos equipos de refrigeración vendidos al supermercado Punta Cana en diciembre de 2007 por la empresa Friger y que nunca fueron pagados. En junio de 2008 se firmó un acuerdo de pago que no se cumplió, y el italiano Franco Galuci, propietario, vendió el negocio y se marchó a pesar de tener un impedimento de salida.

En  2010, después de que la deuda fue rebajada de $10 a $5 millones, el nuevo propietario, Nelson Cabral,  pagó con un millón en efectivo y dos cheques de dos millones, que no tenían fondos. David Mendaña, ciudadano español, administrador de Friger, inició un proceso judicial y el juez autorizó un embargo retentivo y cuando se estaba llevando a cabo llegó la Policía,  detuvo el ambargo y arrestó al alguacil.

Cabral presentó querella por robo y en ausencia del fiscal titular, el fiscal ayudante César Augusto Alcántara Santana le dio curso y el juez de instrucción Edwin Rijo, al mismo tiempo juez de Atención Permanente,  envió a Medaña a juicio y dictó como coerción tres meses de prisión.

El caso fue llevado a la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, una de cuyas magistradas, para desgracia de Mendaña, era la madre del abogado de la parte contraria.

Allí se incidentó el caso con tecnicismos judiciales y no se conoció la apelación. Finalmente, la empresa Friger decidió negociar el caso renunciando al cobro de la deuda.

La queja del consulado de España provocó una investigación de la Procuraduría General de la República y el fiscal suplente Alcántara Santana fue suspendido y no ha regresado a su puesto en Higüey. Nunca se informó de investigación en el caso del juez Rijo.

En el caso de Barceló, la Procuraduría General de la República ordenó una investigación del comportamiento del Ministerio Público, y el Consejo del Poder Judicial ordenó una investigación de la actuación de los jueces. 

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Grupo Barceló

 El grupo Barceló valoró la decisión de la Suprema Corte de Justicia  que ordenó investigar el fallo que condenó a cinco años de cárcel a los principales ejecutivos de la cadena. Fueron acusados de robo por una empresa constructora.   Fuentes  declararon a Efe que consideran esta decisión de la máxima instancia judicial de la República Dominicana “un primer paso para que se pueda corregir la injusticia cometida».