PAÍNO ABREU COLLADO
Cuándo veo lo que pasa en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) con la entrega del manejo del agua de riego a los propios usuarios, me asalta de inmediato la pregunta ¿y por qué no se hace lo mismo en otras instituciones del Estado que también manejan recursos que podrían ser traspasados a los usuarios?. El ingeniero Frank Rodríguez acaba de poner en circulación un libro llamado “Las Juntas de Regantes: La Gobernanza del Riego.

El término “gobernanza” fue muy bien escogido, pues aunque todavía no es muy familiar, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado”. Al incluir los términos “duradero”, “equilibrio” y “desarrollo”, no hay dudas de que el concepto “gobernanza” nos refiere a la idea de “desarrollo sostenible”.

Pero no estamos aquí para tratar cuestiones semánticas. Lo verdaderamente importante es el contenido del libro, que trae las buenas nuevas de que la República Dominicana cuenta ya con 30 Juntas de Regantes que manejan y tienen el control del agua en 225 sistemas de riego, abarcando un área de influencia que sobrepasa los 4.4 millones de tareas de tierra bajo riego. Otra gran noticia que nos trae el INDRHI es que en la gobernanza de dichos sistemas de riego a través de las Juntas de Regantes, están participando nada más y nada menos que 167 Asociaciones de Agricultores. No encontré en el libro el dato de cuántos miembros tiene cada una de estas Asociaciones, pero un técnico del INDRHI me informó que los 225 sistemas de riego en poder de las Juntas de Regantes abarcan más de 89,000 usuarios.

La experiencia con las Juntas de Regantes deberíamos verla como un buen ejemplo para el diseño de los planes de desarrollo sostenible que deben ser formulados y ejecutados en cada uno de los sectores gubernamentales que tienen que manejar recursos y servicios para la sociedad. Se trata de incorporar a los usuarios y/o beneficiarios a la gestión y administración y eventualmente traspasárselos. Estamos hablando de un punto nodal para enfrentar el costoso e interminable castigo a que son sometidos los pueblos subdesarrollados como el nuestro, donde la calidad de casi todo lo que se hace desde el Estado es muy cuestionable, por el efecto pernicioso de la corrupción que debilita los presupuestos. Influye también la falta de controles de calidad, y lógicamente, la falta de mantenimiento. A tal punto es así, que hay obras públicas que a poco de ser construidas, devienen en verdaderos riesgos públicos. El resultado es que hay que rehacerlas y ahí está ¡el gran negocio!

¿Quién mejor que los usuarios finales para manejar algo que les pertenece? La responsabilidad del mantenimiento de los planteles escolares debería ser traspasada a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela; las policlínicas y hospitales deberían ser asumidos por patronatos u organizaciones locales caracterizados por su seriedad y compromiso; los caminos vecinales deberían ser recibidos y vigilados por las organizaciones comunitarias que podrían mantenerlos transitables; ¿quién se va a preocupar más que los propios usuarios de un acueducto, de que éste funcione adecuadamente y de que la cuenca productora de agua se mantenga saludable?. ¿Por qué los templos de la Iglesia Católica, casi todos construidos por el Estado, son tan duraderos y siempre están tan limpios y bonitos? La respuesta es muy simple: Porque tienen dueño. Y es que inmediatamente se los entregan, la institución los asume como su propiedad y se apoya en la comunidad de creyentes para el mantenimiento.

Hay casos en que la dependencia del Estado es tan grande y tan dañina para los propios beneficiarios, que dan ganas de llorar. Por ejemplo en la Reforma Agraria. Hay centenares de casos que después de 30 y 40 años de que le entregaran una parcela, todavía esperan en cada ciclo de siembra que el Instituto Agrario les prepare la tierra, les regale las semillas, les combata las plagas, les dé el gasoil para las bombas de riego que también les fueron donadas, para extraer el agua de canales que les construyó el Estado. Y lo grande es que esta perversidad ha sido promovida siempre desde el Estado.

Lo que está haciendo el INDRHI es aplicar la simple y conocida filosofía de “ganar ganar”. Gana el Estado que durante mucho tiempo no tendrá que ocuparse más del mismo problema, ya que la gestión participativa es más eficiente y más barata, aun en los casos en que se le provea un presupuesto de mantenimiento; gana la sociedad que puede recibir más bienes y servicios del Estado; ganan las comunidades que se educan participando en la gestión de los bienes públicos; ganan las organizaciones que aprenden a administrar recursos; y gana el pueblo cuando crece la democracia participativa y el desarrollo se hace sostenible. En la gestión participativa sólo hay un concepto que sale derrotado y ese no es más que el gran negocio de la corrupción. ¡Derrotemos la corrupción extrapolando la experiencia del INDRHI a otras funciones y actividades del Estado!.