EDUARDO KLINGER PEVIDA
A nadie en ninguna parte del mundo le resulta grato pagar sus tributos. Los impuestos son de las obligaciones que más repulsa provocan -y también ilegalidades- en la mayor parte del planeta. A la vez, ningún país, neo importa donde se encuentre y como funcione su sistema socio-económico, puede subsistir y cumplir con sus obligaciones si no cuenta con una adecuada política fiscal.

La evasión del pago de impuestos es de las faltas legales y morales más graves que puede cometer un individuo, porque constituye el incumplimiento de un muy serio deber hacia la sociedad. Sin embargo, en muchas sociedades de lo “legal” se ríen y lo “moral” no cuenta, porque simple y llanamente no les importa.

Por el contrario, en aquellas naciones donde la administración está organizada y las instituciones son fuertes y se respetan, y se hacen respetar, se persigue con persistencia la evasión.

Precisamente es en esos países, que en su gran mayoría son economías desarrolladas, donde los impuestos-sobretodo los que afectan directamente a las personas, como es el caso del impuesto sobre las rentas o los ingresos- son más altos. En muchos casos ese impuesto ronda hasta el 50% y más. Lógicamente, esas economías típicamente capitalistas, no combaten el enriquecimiento pero parten de que los que más se benefician deben aportar más. Por supuesto, no en todas esas naciones se racionaliza ese problema igual. Ni ese razonamiento podemos tomarlo linealmente.

Lo cierto es que en las economías desarrolladas en el monto del ingreso fiscal inciden fuertemente los llamados impuestos directos -aquellos sobre los ingresos personales- y en menor medida los impuestos indirectos -aquellos sobre el consumo. En los desarrollados, en la recaudación fiscal, los impuestos sobre las rentas pueden tener un peso de 60 y el 70% variando de país en país, mientras que en los “llamados en desarrollo” esa misma incidencia corresponde a los impuestos sobre el consumo limitando el poder adquisitivo y las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la sociedad.

Eso tiene serias consecuencias sociales. Mayoritariamente, los impuestos directos, sobre los ingresos, afectan a los sectores de los estratos superiores de la sociedad, o sea, los de mayor ingreso. En tanto que los impuestos indirectos, sobre el consumo, dígase IVA o en nuestro caso el ITBIS, cargan la captación sobre los sectores de menores ingresos. He ahí un dilema serio cuya solución no es sencilla.

Es que en esa encrucijada se esconde uno de los problemas cruciales de una política económica.

Hay que partir de reconocer que las situaciones de una economía desarrollada no son las mismas que las de las economías “llamadas en desarrollo” y por lo tanto los instrumentos de una política económica no pueden ser los mismos. Salvo el riesgo del desastre.

Algunos pudieran pensar linealmente y concluir apresuradamente que entonces la situación en nuestros países, con niveles de pobreza y marginación enormes, es reducir el impuesto sobre el consumo e incrementarlo sobre los ingresos personales. Lógica totalmente racional pero que tiene serias limitaciones.

Sería ingenuo pretender desconocer que en la mayoría de nuestros países pueden aparecer opciones adecuadas de recaudación que mitiguen en algo la presión fiscal sobre los sectores más necesitados. Resultaría no menos superficial pretender creer que por la vía de los sectores más favorecidos no podrían encontrarse formulas que permitiesen al Gobierno recaudar fondos para el cumplimiento de sus obligaciones.

No obstante, el problema no es simplemente de restar aquí y sumar allá.

Si en una política fiscal se aplica un impuesto directo -sobre el ingreso- que vaya más allá de determinada racionalidad ello podría tener entonces un efecto nefasto sobre el flujo de inversión y sobre el ahorro -fuente de la inversión futura- y, en consecuencia, frenar el desarrollo e, incluso, reducir la recaudación fiscal. A su vez, mantener de manera creciente la presión fiscal sobre el consumo profundiza la injusticia social y puede ir acabando con la paciencia de los sectores perjudicados como ya ha venido ocurriendo en varios países de la región.

En los propios Estados Unidos el problema de la estructura fiscal es un tema permanente en las campañas electorales. Los republicanos son tradicionales defensores de reducir la carga fiscal sobre los ingresos, como lo ha hecho la Administración Bush desde que llegó a la presidencia -y por ello acusada de ser un Gobierno para los ricos. A su vez, los demócratas son partidarios de mayor carga impositiva sobre los ingresos para poder incrementar programas sociales que los republicanos sacrifican. Ese es un debate central en cada elección.

En nuestros países tenemos que buscar y encontrar con urgencia la fórmula idónea que permita estimular el desarrollo y la inversión y que, además, el gobierno cuente con los recursos necesarios para poder cumplir con las exigencias urgentes de la justicia social.