POR GERMAN MARTE
La nueva Ley de Acceso a la Información Pública obliga a los funcionarios a suministrar datos a cualquier ciudadano que lo solicite, a menos que la información haya sido definida como de carácter reservado porque afecte la seguridad nacional o el orden público, indicó ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

El director de Proyectos de la FINJUS, Carlos Villaverde, destacó que por primera el país cuenta con una ley que reglamenta el derecho que tienen los ciudadanos a demandar y recibir información adecuada del Estado acerca de la aplicación de las políticas y del uso de los recursos.

Villaverde habló durante la celebración del Taller Introductorio para la Aplicación y Uso de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública», en el que participaron representantes gubernamentales y de la sociedad civil.

El taller, organizado por el programa Justicia y Gobernabilidad, contó con los auspicio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y fue dirigido por Marcela Santos, consultora internacional en política de transparencia.

En la actividad, celebrada en el Hotel Jaragua, Villaverde reiteró que durante muchos años la sociedad civil estuvo exigiendo que se dotara al Estado de un mecanismo como este que ya se ha conocido en otros países y que sirve para transparentar la gestión pública y disminuir la corrupción.

«Cuando los funcionarios tienen que rendir cuentas sobre lo que están haciendo, el margen de discrecionalidad, de poder actuar a su antojo se reduce, y de esa manera hay mayor transparencia» en la administración pública, dijo Villaverde.

Indicó que el objetivo es que todos los funcionarios, electos o nombrados, sepan que tarde o temprano el pueblo le va a pedir cuenta sobre lo que se está haciendo con los recursos del Estado, cómo se toman las decisiones y porqué.

Dijo que amparado en esta ley el ciudadano común podrá tener acceso a conocer cómo y porqué se está construyendo una obra y si se va a poner un nuevo impuesto podrá saber cuáles son las causas que llevan al gobierno a proponerlo, y si el ayuntamiento va a construir una nueva obra, los ciudadanos tienen derecho a saber porqué se va a hacer eso.

Sostuvo que en el país hay una cultura política de que los funcionarios creen que las informaciones de su dependencia son de su exclusiva responsabilidad y sólo la deben rendir a su jefe.

La ley de libre acceso a la información pública fue aprobada recientemente por el Congreso. Pero aún está pendiente un reglamento que en un plazo de dos meses tiene que ser presentado por poder ejecutivo.

Villaverde explicó que, precisamente, el objetivo del taller es aportar ideas para que el reglamento tome en cuenta a la sociedad civil el cual todos los asuntos prácticos tienen la aprobación

El taller fue dirigido por la doctora Marcela Santos, consultora internacional de política de transparencia.