Ponderan decisión del Poder Ejecutivo

http://hoy.com.do/image/article/477/460x390/0/4B36D721-894B-4BDC-8FC5-3596C211F450.jpeg

Santigo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ponderó hoy la decisión del Poder Ejecutivo de facilitar a los organismos internacionales de cooperación y financiamiento, la realización de un diagnóstico sobre la corrupción en las instituciones estatales dominicanas.

El presidente de la institución, doctor Trajano Vidal Potentini, entiende que la aplicación de encuestas, estudios, análisis y diagnósticos sobre los niveles de transparencia, controles y corrupción existente en la administración pública, contribuirán a ponderar el problema en su justa dimensión.

Dijo que esas recomendaciones dadas por organismos reputados como el Fondo Monetario Internacional(FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo(BID), la Unión  Europea, la USAID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), también  ayudarán a que se plantee y se desarrollen políticas y correctivos a implementar.

 Potentini sostuvo que con esta acción el Poder Ejecutivo pone de manifiesto una clara voluntad política, hasta este momento ausente, orientada a la persecución y combate efectivo en contra de la corrupción.

Manifestó que esto confirma las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, Marino Vinicio Castillo, quien según Potentini afirmo que “todo al que se le compruebe que cometió acto de corrupción, cuando se haga el levantamiento, será sometido a la justicia a través de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA)”.

 El presidente de la FJT reconoció que en los últimos años el país, en su lucha contra la corrupción, ha logrado avances significativos a nivel sobre todo legislativo con una cantidad impresionante de leyes orientadas al combate en contra de la  corrupción administrativa y otros proyectos en curso como la modificación de la ley de declaración jurada de bienes y sobre el tope de los salarios para el sector publico, a parte de las nuevas previsiones constitucionales que entraran en vigencia el próximo 26 de enero del 2010.

“Situación que lamentablemente no se observa en el respeto y cumplimiento de todas estas disposiciones que conducen a la ineficiencia de la lucha anticorrupción”, agregó.