Ponderan importancia de la Ley de Libre Acceso a la   Información

Ponderan importancia de la Ley de Libre Acceso a la   Información

En los últimos años la sociedad dominicana, sobre todo   las organizaciones de la sociedad civil y profesionales de diversas áreas,  se ha ido empoderando y tomando conciencia de la  importancia de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública  (200-04), lo que garantiza mayores niveles de transparencia en las instituciones del Estado.

Al participar en la Esquina Joven de Hoy, los directores de las  oficinas de Libre Acceso a la Información (OAI) del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Carlos Barranco; del Ministerio de Educación, Henry Núñez; de la Cámara de Diputados, Catalina Olea Salazar, y de la Contraloría General de la República, Arianna Labrada Cepeda, precisaron que a través de esta legislación, constantemente se reciben solicitudes de informaciones, en su mayoría sobre  los gastos presupuestarios, nóminasy cubicación de obras, entre otros aspectos.

Explicaron que esto permite un mayor acercamiento entre la ciudadanía  y sus funcionarios y  contribuye a reducir la corrupción  administrativa.

Indicaron que son muy pocas las instituciones,  que se resisten a otorgar la información requerida  y precisaron que la misma ley contempla los mecanismos para lograrlo.

Recordaron que la ley y su reglamento de aplicación prevén la posibilidad de interponer un recurso  de amparo por ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuando la respuesta a la solicitud no es otorgada  dentro de  los plazos establecidos.

Vigencia.   Esta ley fue promulgada el 28 de julio de 2004 y su reglamento   el 25 de febrero de 2005. A partir de esta fecha es cuando se inicia su aplicación. 

Su objetivo es garantizar el derecho de toda persona a solicitar y recibir información efectiva, veraz y oportuna sobre todos los actos y actividades de los organismos y entidades centralizados, descentralizados y autónomos, incluyendo los poderes Legislativo y Judicial, y a los órganos e instituciones  privadas que reciben recursos provenientes del Presupuesto General del Estado.

Cabildos morosos.    Los expositores coincidieron en señalar que los cabildos son los que presentan mayor dificultad al momento de rendir cuentas de su ejecución presupuestaria.

Percepción.  Asimismo, explicaron  que  aunque existe la “percepción” de que en la actualidad hay más corrupción administrativa, la realidad no es así.

Indicaron que   debido al fácil acceso a las informaciones, gracias a la ley,  en la opinión pública se manejan más datos sobre las instituciones estatales y su manejo administrativo, lo que  genera esa atmósfera.  

Plazos.  La ley  estipula un plazo no mayor de 15 días para que las instituciones entreguen la información requerida por los ciudadanos. Este plazo podrá prorrogarse en forma excepcional por diez días, en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir los datos solicitados. Hay precedentes de instituciones obligadas mediante sentencia a entregar información.

Las claves

1. Inclusión de contenido

Otra iniciativa interesante para el cumplimiento y fortalecimiento  de la Ley 200-04 fue la inclusión en el currículo del segundo ciclo del nivel medio de contenidos relacionados con la trasparencia en la administración pública y con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, lo que permite, además, dar cumplimiento al artículo 43 del Reglamento 130-05. La ley establece, también,   en sus artículos  17 y 18 qué tipo de información está vedada.

2.  Portales

Los representantes de las OAI indicaron que para lograr mayores niveles de transparencia mantienen actualizados los portales de sus  respectivas instituciones, lo que facilita el contacto con la ciudadanía.

 3.  Derecho constitucional

 La Constitución de la República, en sus artículos 2, 8 y 49, recoge los aspectos fundamentales referidos a las responsabilidades del Estado a ofrecer información a los ciudadanos que lo requieran. 

4.  Descentralización

El 36% de las solicitudes recibidas en la Cámara de Diputados fueron realizadas por ciudadanos que  no residen en el Distrito Nacional, sino  en las provincias de  Azua, El Seibo, Independencia, La Altagracia, La Vega, Montecristi, Monte Plata, Peravia y Puerto Plata. También, Duarte, Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo, San Juan, San Pedro de Macorís, La Romana y Samaná. Se informó que este organismo ha capacitado a  más de 15,000 estudiantes.

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