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Por MARIEN ARISTY CAPITAN
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia anulando el fallo que había descargado a todos los implicados del Plan Renove, es una señal de aliento que el sistema de administración de justicia penal ha enviado a la ciudadanía sobre su efectividad en la lucha contra la corrupción.
Esta afirmación fue hecha ayer por el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), quien lamentó que la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional descargó a todos los imputados de los delitos de prevaricación y desfalco.
Para Castaños Guzmán la decisión del 6 de febrero pasado de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional había creado serios cuestionamientos en la sociedad.
Es que, puntualizó Castaños Guzmán, al analizar jurídicamente la sentencia se pueden ver inconsistencias que impidieron que se aplicaran correctamente las normas contra la corrupción.
«Del análisis estrictamente jurídico sobre la sentencia de descargo contra todos los imputados en el Caso Renove por el delito de desfalco, y sin necesidad de entrar en valoraciones sobre la culpabilidad o no de los imputados, se habían puesto en evidencia inconsistencias que aparentaban haber impedido una correcta aplicación de los instrumentos normativos para este tipo de crímenes contra el patrimonio público» dijo.
Hablando a nombre del consejo de directores de FINJUS, Castaño Guzmán explicó que al anular esta sentencia la Suprema Corte ordena la celebración de un nuevo juicio en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo para que conozca el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público.
«En resumen la FINJUS entiende que la Corte de Apelación se había basado en una interpretación limitada del concepto de funcionario público para fundamentar su sentencia, la cual entendemos alejada de nuestro derecho administrativo y de la jurisprudencia y doctrina modernas, tanto nacionales como internacionales», señaló.
Pese a esto, para FINJUS lo que importa ahora es que el sistema demuestra que está en capacidad de enmendar sus errores.
«La decisión de la Suprema Corte de Justicia de casar dicha sentencia es una muestra de la capacidad del propio sistema de justicia para enmendar errores y desaciertos que, a corto plazo, producen descensos en los índices de credibilidad de la ciudadanía en sistema de justicia penal, por un lado, y el compromiso de sus operadores por otro (especialmente jueces y Ministerio Público)», expresó.
Al hablar de credibilidad, Castaños Guzmán resaltó la necesidad de restablecer la confianza en al justicia. «La Suprema Corte de Justicia ha reaccionado para restablecer la certeza y la confianza en nuestro andamiaje legal, que fueron conmovidos por el estupor social ante las motivaciones que sustentaron la sentencia de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional».
Finalmente, Castaños Guzmán apuntó que estudiaron la sentencia a causa de la relevancia del juicio. «FINJUS ha realizado un estudio técnico-jurídico de la sentencia, dada su importancia y realizó una mesa redonda con connotados expertos sobre el tema de la legislación penal dominicana aplicable a dicha sentencia».
