PUERTO PRÍNCIPE (EFE).- Diversos sectores haitianos respaldan el anuncio del Gobierno de controlar la frontera que comparte con República Dominicana, aunque opinan que se necesita «una verdadera política fronteriza por parte de Haití».

«No es pronto para que las autoridades de Haití se ocupen de la cuestión» de la seguridad en la frontera con el vecino país, declaró hoy a EFE Colette Lespinasse, coordinadora del Grupo de Apoyo a los Refugiados y Repatriados (GARR).

GARR es una plataforma de once asociaciones que operan en la zona fronteriza.

Lespinasse reaccionaba así a las declaraciones a la prensa el pasado martes del ministro de Interior y Seguridad Nacional, el ex general Hérard Abraham.

El gobierno, según Abraham, no cuenta con los medios necesarios para controlar la frontera, un asunto que en su opinión requeriría un aumento del número de policías destacados en la zona.

«No tiene que ver únicamente con el aspecto policial», observó Lespinasse, quien defendió la adopción inmediata por parte del gobierno de una política integrada para abordar un problema que, según ella, tiene varios aspectos.

«Hay que ver la problemática fronteriza como el establecimiento de una serie de servicios y la presencia de varios tipos de autoridades publicas», explicó la coordinadora de GARR.

Respecto de la falta de policías, dijo que lo que no hay es «una presencia del Estado» en una zona frecuentada por miles de haitianos que cruzan a República Dominicana y donde los mercados fronterizos desarrollan una gran actividad.

Lespinasse mencionó el caso del mercado de Ti Lori, en el este de Haití, que corresponde a la región de Restauración, en el noroeste de República Dominicana, y donde más de 10.000 haitianos desarrollan su actividad comercial sin la presencia de ninguna autoridad pública que representa a Puerto Príncipe.

«Si se produce un conflicto en Ti Lori, son los militares dominicanos los que intervienen para restablecer la paz», declaró Lespinasse.

Ti Lori es uno de los puntos no oficiales de transacción entre Haití y República Dominicana en los que se intercambian todo tipo de bienes, desde animales a productos agrícolas.

Pero son también, según Lespinasse, centros de «tráfico de personas, de animales y de emigración clandestina».

En estas zonas, los límites fronterizos no están formalizados y los habitantes de los dos países pasan de un lado a otro con frecuencia.

«Viven en Haití y van a buscar agua a República Dominicana», comentó Lespinasse.

Pero los conflictos que se producen ocasionalmente entre personas de los dos países pueden saldarse con muertos.

En lo que va de año, cuatro haitianos fueron muertos por dominicanos en la zona fronteriza, y el año pasado fueron seis los haitianos que murieron en estos enfrentamientos, indicó Lespinasse.

«La vigilancia de la frontera debe tener en cuenta a la población», y «debe formar parte de una política fronteriza», indicó

«Si se concibe únicamente con una visión policial, no podrá haber control de la frontera» haitiano-dominicana, que es de 350 kilómetros.

La coordinadora de GARR dijo que ni siquiera hay una presencia adecuada del Estado haitiano en los principales puntos oficiales de contacto entre los dos países.

Citó Malpasse (oeste), Ouanaminthe (noreste), Anse-á-Pitre (sureste) y Belladére (este).

Estos lugares «necesitan una presencia pública fuerte, organizada, multifuncional, con infraestructura», piensa Lespinasse que destacó la debilidad del Estado haitiano en Anse-á-Pitre y Belladére.

En estos puntos no hay oficina de migración, aduana ni servicios públicos adecuados, subrayó.

A pesar de que existen consulados dominicanos en estas ciudades fronterizas, no hay ningún representante del Estado haitiano en las ciudades dominicanas vecinas.

Lespinasse teme que un aumento de la presencia policial sin una representación articulada del aparato del Estado en la frontera por parte de Haití aumentará el tráfico ilegal y facilitará la actuación de la delincuencia organizada.