Los localizadores electrónicos como medida de coerción a los imputados de hechos delictivos menores pueden ser aplicados en todo el país, según un informe del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ).

El  informe fue entregado ayer por el comisionado de Justicia y vicepresidente ejecutivo de la CONAEJ, Alejandro Moscoso Segarra al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña.

Tras recibir el documento el magistrado Jiménez  Peña anunció que convocará a la realización de un seminario para discutir la posibilidad de su implementación.

Igualmente, dijo que de llegarse a un acuerdo se convocaría a una licitación internacional para escoger la compañía que ofrecería el servicio de los brazaletes.

De su lado,  Moscoso Segarra dijo que la implementación de esta medida busca medir los niveles de factibilidad del brazalete o localizador a los imputados que estén recluidos en su domicilio, establecimiento de salud o en determinado territorio.

La clave

Plan Piloto
Las autoridades implementaron una especie de plan piloto con  la instalación de localizadores electrónicos en la provincia Santo Domingo, el cual incluyó una muestra inicial de 10 brazaletes, siete para imputados de delitos menores y tres para casos de violencia intrafamiliar. Esta opción implica un costo diario de cuatro dólares. La misma  se desarrolla en otros países, como  Estados Unidos, Argentina, Chile y Panamá.