La directora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) del Ministerio de Economía convocó a los actores sociales del país a un pacto social que conduzca a la meta del nuevo país al que se aspira en la propuesta Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.

La doctora Magdalena Lizardo formuló ese llamado en la puesta en circulación del estudio “Política Social: capacidades y derechos”, encargado por el Ministerio de Economía a la Oficina de Desarrollo Humano (ODH) del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en el país, que tuvo lugar la noche del miércoles en la Biblioteca Pedro Mir de la UASD.

La funcionaria, en representación del ministro Temístocles Montás, manifestó la plena satisfacción del Ministerio por el trabajo de la ODH/PNUD y agradeció la colaboración de personas e instituciones en la elaboración del estudio.

En el libro hay 433 recomendaciones de políticas públicas sobre 81 temas vinculados al exhaustivo diagnóstico sobre educación, salud, empleo, seguridad social y asistencia social, asentamientos humanos, justicia y derechos e inmigración haitianos, un análisis de la cohesión social en República Dominicana, y  una reflexión sobre la construcción  de una política social basada en derechos.

“El Ministerio de Economía entiende que si la sociedad  y el Estado Dominicano logran  alinear hacia un propósito común las políticas públicas que se implementen  a  lo largo de los próximos años, podremos estar acortando más rápidamente los déficit en materia de desarrollo humano,  porque existen sinergias y complementariedades que necesitan un esfuerzo decido para desencadenarlas”, consideró Lizardo.

Citó como relevante también en el estudio la doble agenda social  que implica, por un lado, cerrar las brechas tradicionales de educación, salud, seguridad social, empleo y, por otro lado, desarrollar ciudadanía y capacidades para beneficiarse del proceso de globalización.

Al respecto dijo que el Ministerio entiende que para que  esa doble agenda sea efectivamente exitosa requiere de un compromiso del Estado, que garantice la consistencia y coherencia de las políticas en el tiempo, y que ese proceso también lo facilitaría una concertación de las fuerzas políticas, económicas y sociales.

Recordó que la nueva Constitución enfatiza la construcción del Estado Social Democrático de Derecho, cuya viabilidad sólo será mediante acuerdos entre las fuerzas políticas, económicas y sociales que permitan emprender las reformas necesarias para un nuevo modelo de desarrollo en el que las  relaciones entre Estado, sociedad y mercado aseguren igualdad de oportunidades y garantía de bienestar mínimo creciente para toda la población, es decir “un modelo que garantice un real estado de derecho”.

Ese pacto social –sugirió- debe implicar trabajar por la transformación productiva y del mercado laboral,  para  que el obtener un empleo digno sea la principal vía de inclusión social y  arribar también a pactos fiscales que permitan ir  garantizando un mínimo de bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas de una nación cohesionada en la que exista el estado de derecho.

Lizardo llamó la atención a que en el estudio se revelan  diferencias en las percepciones personales de pertenencia no sólo respecto a capacidades, ingresos y bienestar, sino también y según el estrato social  respecto al vecindario, la comunidad, la provincia e incluso el país.

En los estratos pobres el estudio reveló que la cohesión social es fuerte respecto al  vecindario, el paraje o la comunidad, y sin embargo muy débil respecto a la provincia y el país, como consecuencia de las grandes brechas  en la relación Estado –ciudadanía.

En este aspecto, Lizardo alertó que para concertar  una estrategia nacional de desarrollo es de vital importancia que el país que se  trata de construir en los próximos veinte años acerque esas percepciones del sentido de pertenencia, para evitar una nación bipolar en la que la cohesión se  profundice al interior de cada polo, lo que en el caso extremo, “podría inducir al conflicto social”.

Al acto asistieron funcionarios del gobierno, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de los organismos que integran el sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana.