Dos años después de ser derogada la ley que penaliza el hurto de electricidad, la legislación se comenzó aplicar desde hoy, como una medida que tendente a reducir las perdidas de las empresas distribuidoras y disminuir el subsidio que el gobierno debe entregar para la estabilidad del sector eléctrico. 

La penalización del hurto de energía  comenzaría por los grandes consumidores, comercio e industrias, explicó el Superintendente de Electricidad, ingeniero Francisco Méndez, quien aclaro que no se trata de cacería de brujos sino de un trabajo en equipo para que los consumidores que tienen irregularidades en sus sistemas y medidores las corrijan y paguen el consumo que realmente consumen.

Para  aplicación de la ley 186-07, fue creada una la Procuraduría  encabezado por un procurador adjunto, un departamento  de fiscalización, de la Superintendencia de Electricidad, con un equipo de 30 personas y mediante decreto se dispuso que el Programa de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF) pasara a la Procuraduría.

También se dispuso que  la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR ) sea la encargada de la verificación de los medidores eléctricos que se sospechen han sido arreglados para el hurto de energía, explicó Méndez.

Desde ayer se puso en marcha la aplicación de la ley que castiga el hurto de energía eléctrica según lo establece la ley 186-07  El superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, refirió que desde ayer el fraude eléctrico será castigado con penas que van desde tres días y una multa hasta tres años y multas, como lo establece la ley 186-07 y aseguró que las distribuidoras tienen que suministrar la información señalando quiénes están violando las normas y “a esos clientes se les visitará con un representante de la Procuraduría Eléctrica y de la Superintendencia de Electricidad y de las empresas distribuidoras.

Más de dos millones de clientes de las distribuidoras eléctricas del país, un millón 200 mil usuarios no están regularizados, explicó el funcionario