Debe avanzar con rigor la acción destapadora de zonas oscuras en área de la administración pública y de otras entidades descentralizadas o privadas a las que la ley obliga a rendir cuentas.

Al rastreo sobre gestiones debe sumarse contundentemente la Contraloría General de la República para el hallazgo de irregularidades y violaciones deliberadas de normas en perjuicio del Estado, pero poniendo a luz por igual hechos anteriores y recientes.

El Gobierno muestra capacidad para lo instantáneo en respuesta a malos signos de actuaciones de un número de subalternos.

Expresa empeño en que la ley entre por casa y con el mismo celo puntual debe propiciar la exposición documentada de situaciones que detonan despidos de servidores de distintos niveles. Es posible que se deshaga de colaboradores por simples discrepancias o incumplimientos de estrategias y específicas instrucciones desde el Palacio Nacional.

Aun en tales casos, y en aras de la transparencia que irrita a la oposición, debería conocerse cada motivo de exclusión a veces acompañada a sottovoce de presunción de incumplimientos del deber que justificarían apoderar a la Justicia de inmediato.

Debe disiparse toda duda para no generar, quizás injustificadamente, la impresión de que en ocasiones el Poder se limita a desvincular personajes a los que podrían atribuirse transgresiones de suficiente peso para la incriminación desde el Ministerio Público.

El rumor público puede ser motivo suficiente para profundizar

Contrarrestar lo infundado certificando las realidades

Casi en todo tiempo la fiscalización ha estado ausente