En las circunstancias presentes, cuando la merma de la seguridad ciudadana ha adquirido ribetes preocupantes, es necesario que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional traten de promover, por vía legislativa si fuese necesario, un aumento de la intensidad del castigo aplicable a los miembros de esas instituciones que se vean involucrados en crímenes y delitos.

Lo anterior tiene que ver con el hecho de que es preocupante que cada vez con más frecuencia, miembros de la Policía y los institutos castrenses se vean involucrados en actos delincuenciales en contubernio con civiles.

En sana justicia, la participación de civiles o militares en asaltos y otros actos criminales tiene como agravante de origen el hecho de que la persona en falta se vale de autoridad, uniformes y armas para cometer contra la sociedad acciones contrarias a la que los ciudadanos esperan de cualquier representante de la ley.

-II-

Un segundo aspecto a considerar es que en la medida en que se hace frecuente la participación de militares o policías en actos delincuenciales, los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones a que pertenecen los descarriados.

No puede ser que hechos aislados, como son estos actos acreditados a gente de uniforme, perjudiquen los esfuerzos que hacen los mandos superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por mejorar cada vez más los servicios que estos cuerpos le brindan al país, por acercarse cada vez más al ciudadano común y ganar su confianza.

Ningún policía o militar tiene un distintivo que exhiba sus intenciones cuando, por ejemplo, se acerca a un ciudadano de la clase civil o ingresa a un establecimiento comercial que termina siendo asaltado.

Por otra parte, ningún civil estaría en condiciones de establecer si el hombre uniformado que le está asaltando es ciertamente militar o policía, o simplemente un civil que ha adquirido ropa y armas militares o policiales para pasar como tal, posiblemente con la complicidad de gente con autoridad.

-III-

El secretario de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, ha advertido que será sancionado drásticamente el militar o policía que aproveche armas y uniformes para cometer actos delictivos o suministre esos instrumentos a civiles para las mismas acciones. También el jefe de la Policía Nacional, mayor general Bernardo Santana Páez, se ha pronunciado oportunamente en el mismo sentido.

La prédica y la práctica de los mandos militar y policial no deja dudas acerca de la intención moralizante de su ejercicio. Eso tranquiliza en momentos como éstos, cuando los delincuentes se muestran tan aguerridos y desafiantes.

Aspiramos a que esta vocación motive sanciones disuasivas y ejemplarizadoras para todo militar o policía que ponga armas y uniformes al servicio de la delincuencia, en perjuicio de la sociedad y de las instituciones a las que pertenecen.