La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -según informe de Cancillería- ha hecho justicia a República Dominicana reconociéndole su buen manejo actual de la crisis que genera la inmigración de haitianos. Contrario a lo que a veces se dice en el exterior, este país sobrelleva con dignidad el choque de culturas, costumbres, idiomas y de niveles de desarrollo que se produce y agrava con el cruce incesante de migrantes hacia este lado de la isla sin que el Estado haitiano haya jugado algún papel para regular ese tránsito desbordado. En el pasado de ambos pueblos está el hecho imborrable de que los dominicanos estuvieron 22 años bajo el dominio de ese Estado vecino contra el que se forjaron los ideales de patria y libertad de esta República dispuesta siempre a armonizar relaciones con los haitianos de hoy.
La regularización de inmigrantes ha sido difícil por la indocumentación de origen y la renuencia a llenar requisitos que caracteriza a muchos aspirantes a residir o nacionalizarse. El problema que traen a este país es más difícil de resolver que el confrontado en Europa, que por su desarrollo está en mejor condición para absorber refugiados que llegan de África y Oriente y cuyos ancestros fueron, en muchos casos, víctimas del coloniaje ejercido por las grandes potencias a las que ahora solicitan asilo huyendo del hambre y las guerras en medio de un desastre humanitario al que los países ricos no pueden dar la espalda.

El PRD ante la historia

Después de jugar un papel estelar en el renacer de la democracia a partir de 1961 tras la barbarie trujillista, alcanzando el poder cuatro veces, el Partido Revolucionario Dominicano pasó a su peor confrontación interna, un último match intestino que le dejó sin la principalía que le caracterizaba. Ya la sigla del contrapeso y opción a un PLD gobernante, crecido en recursos y dominio del Estado, no es PRD.
Ahora ha llegado el fallo del Tribunal Superior Electoral que anula decisiones de la dirigencia del ya minoritario partido blanco, colocando en falta a la cúpula perredeísta por inobservancias de procedimientos reglamentarios y jurídicos, lo que obliga a celebrar una nueva convención para llevar orden a la casa, una casa que fue dividida ex profeso quedando en minoría aquellos a los que les han negado la razón.