En vista de la incapacidad de los partidos políticos y de la “lentitud del gobierno” en la lucha contra la corrupción; y debido a la creciente privatización a que está siendo sometido el mundo de hoy; existe, si no la posibilidad de poner en manos privadas la administración de justicia, por lo menos la de adjudicación de servicios públicos, como la administración de cárceles por empresas privadas, incluso en países de América Latina.

Podría realizarse una especie de pool bancario, como los que se coordinan para financiar empresas consideradas factibles y con buenas tasas de retorno. El pool es un mecanismo financiero antiquísimo. Los banqueros de Florencia y Venecia hacían pools para financiar guerras y actividades comerciales a menudo riesgosas. El descubrimiento de América, en gran parte, la piratería de ingleses y holandeses, también, fueron financiados por pools de empresarios, con frecuencia judíos. Las bolsas de Wall Street y de Londres tuvieron su origen en ese concepto de pool de apuestas o de inversión. Podría, incluso, buscarse la ayuda de ingenieros financistas, algunos de los que estén sueltos y que hayan pagado sus deudas pendientes con la justicia, para diseñar mecanismos decididamente neoliberales y modernizantes, para, por ejemplo, financiar causas de interés ciudadano, que probablemente a las autoridades de turno no les sea de conveniencia política promover. Por ejemplo, la litis entre varios comunicadores y letrados contra funcionarios bajo fuertes sospechas de corrupción, fraude o peculado, podría ser financiada mediante las bancas de apuestas (decenas de miles en el país), que por fortuna (¿?) el más rural ciudadano utiliza diariamente tratando de comprar esperanza y estatus. En el caso de L. Mateo y Taveras Hernández (TH) versus un afortunado ingeniero-constructor y funcionario, las gentes sencillas del pueblo raso que crean que los denunciantes tienen la razón, tendrían la oportunidad de apostar a que estos dos señores ganarán el pleito en la justicia; sobre la base de que cuando se gane el juicio, el perdedor tenga que pagar una suma múltiple a los apostadores, proporcional a su inversión; e indemnice a los demandantes, por daño de su honra, los honorarios de los abogados, los impuestos fiscales y otros cargos por el servicio de los trabajadores y gastos operacionales de la burocracia de la Justicia; y una tasa porcentual para las bancas de apuestas. Y si hubiere embargo de bienes mal habidos, una parte se devuelva al Estado o a sus dueños, y otra se reparta entre denunciantes, apostadores y “bancahabientes”. Si pierden, la pérdida per cápita se reduciría a la pequeña suma apostada por cada perdedor, como ocurre todos los días a los miles de criollos que apuestan hasta en las carreras de trineos de Alaska. (Los abogados podrían apostar parte de sus honorarios). Si la persecución de corruptos es convertida en un negocio, como los son la seguridad privada, la administración aeroportuaria, y se está intentando con la recaudación aduanal; gentes talentosas se harán cazadores de recompensas y empresarios contra la corrupción. Así, los dominicanos serán expertos en manejo presupuestal y el neocapitalismo hará un enorme aporte a la humanidad.