L os diputados aprobaron el sábado un proyecto de reforma fiscal con el que  nadie parece estar de acuerdo, excepto ellos mismos.

Hicieron cambios al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pero, según parece, su esfuerzo no ha logrado «optimizar» la pieza original.

En principio parecía juicioso el argumento de que no permitirían gravar café, azúcar y aceite, tres productos considerados básicos en los hábitos de los dominicanos.

Sin embargo, la solución populista de no afectar esos tres artículos fue canjeada por una que no sólo afectará los precios de esos, sino también los de todos los bienes y servicios.

El impuesto al gasoil, por ejemplo, incidirá en los costos de producción de bienes y servicios, en los de distribución y tendrá un efecto multiplicador en perjuicio de los consumidores.

En un país en el cual el abastecimiento de electricidad por medios propios es un costo fijo de las industrias y comercios, debido a la grave deficiencia de este servicio, gravar el gasoil es inflar esos costos y, por vía de consecuencia, los precios finales.

Si la reforma fiscal propuesta por el Gobierno era mala, y si también lo era la que proponía el sector empresarial, la que han parido los diputados es lo peor que se podía esperar de tantos debates y consultas a cargo de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

-II-

Desde el punto de vista del Gobierno, en el 2006 habrá un déficit de aproximadamente siete mil millones de pesos, debido a los «arreglos» que hicieran los diputados al proyecto original de reforma fiscal.

Será difícil, inclusive para el partido con  mayoría en el Congreso, refutar este argumento y, sobre todo, las consecuencias que un déficit de esa magnitud puede tener en una economía en vías de recuperación.

Inclusive, en el afán de aparecer como salvadores de la economía de los pobres, evitando que fuesen gravados café, azúcar y aceite, la mayoría opositora del Congreso se ha despojado de un arma política que le permitía capitalizar a favor de su causa las alzas en los precios de los combustibles que aplicaba el Gobierno acogiéndose a los aumentos en los precios petroleros y la cotización del dólar.

No parece haber forma de convencer al Gobierno, a los empresarios y al país de las bonanzas de esta «reforma» que los diputados han aplicado al proyecto de reforma fiscal.

A pesar de su correlación de fuerzas políticas, el Senado tiene la oportunidad de actuar con buen juicio, deshaciendo el adefesio de los diputados y proponiendo una reforma razonable, que no necesariamente debe ser la sometida por el Poder Ejecutivo, sino el resultado de un acto de conciencia.

Desde todo punto de vista, el populismo político acaba de tener una de sus más aparatosas meteduras de pata.