El desacato por parte de la fiscal del Distrito Judicial de Santiago, Yenny Berenice Reynoso, de la sentencia del juez Gabriel Marchena Adames, que ordena la libertad de Pedro Luis Báez Sánchez, acusado de asesinar a Gleiry María Muñoz Báez la semana pasada, es una muestra más de los extremos a donde conduce el populismo penal propugnado por muchos operadores del sistema judicial, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y público en general.

La cuestión aquí no es tanto si el juez Marchena Adames debió o no haber liberado al ciudadano Báez Sánchez. Lo importante aquí es que existía una orden judicial de libertad y que el Ministerio Público, encargado de cumplir y hacer cumplir la ley, debía acatar esa orden. Pero no. La fiscal santiaguense decidió conscientemente violar la ley y así lo reconoció sin tapujos ante la prensa.

¿Qué significa todo esto para el Estado de Derecho reconocido por el artículo 7 de la Constitución? Si quienes son sometidos a la acción de la justicia por el solo hecho de ser procesados ya no tienen derechos, entonces el Derecho Penal, como instrumento de límite al poder pierde todo sentido. Una cosa es que las víctimas tengan un derecho constitucional a vivir sin violencia y a obtener una reparación por el daño sufrido y otra que ellas puedan lograr la satisfacción de esos objetivos a cualquier precio.

Si las cosas fuesen así, entonces la Constitución permitiera las pruebas ilícitas y el castigo directo y sin proceso de los acusados. La fiscal Reynoso podrá considerar al ciudadano Báez Sánchez como “un asesino” pero, para el Derecho, toda persona sometida a la persecución penal –aún un confeso asesino cuya confesión pudo haber sido arrancada a la fuerza- debe ser presumido inocente y debe gozar de garantías, entre ellas no ser considerado ni tratado como delincuente hasta que intervenga un fallo judicial definitivo.

Si esta doctrina se impone, si no importa lo que un juez ordene, porque basta que, bajo la “euforia por la víctima”, autoridades y sociedad civil se coaliguen para convertir la persecución penal en una guerra civil donde no existe ninguna libertad para el presunto inocente y donde de nada vale lo establecido por la ley, bajo el autoritarismo penal  habremos dejado de ser una sociedad decente. Y es que, como bien señala Daniel Pastor, “se desprecia a sí misma una sociedad que está dispuesta a alcanzar sus fines transgrediendo las reglas que ella se ha impuesto”.

Es paradójico que organizaciones civiles que se dedican a la defensa de los derechos humanos, en este caso, los derechos de la mujer, sean tan insensibles ante la necesidad de proteger los derechos de los acusados frente al poder punitivo del Estado, como lo demuestra el apoyo de algunos grupos feministas a este descarado desacato. Hay quien diría que estas organizaciones son bipolares: de día defienden los derechos y de noche aplauden su violación.

Esta lucha por la pena a cualquier costo, este fetichismo penal, este optimismo frente a la pena, esta defensa de la razón penal del Estado, esta moderna cacería de brujas que une a izquierdas y derechas, esta creencia de que la violencia puede ser combatida con la violencia, explica en gran medida por qué la sociedad civil no ha podido reaccionar efectivamente ante las muertes extrajudiciales, permitiendo que el mismo aparato de incontrolables que diezmó la izquierda en los 70 del siglo pasado hoy, reciclado y con la misma impunidad, deje viudas, huérfanos y madres desoladas por nuestros barrios y campos.  ¿Cómo podremos vivir sin violencia como quiere y manda la Constitución si se propugna por la violencia estatal incontrolada todo en aras de satisfacer las pretensiones de las víctimas a que haya justicia aunque sea atropellando la legalidad?

Estas son tonterías para los populistas penales. Y no puede ser de otro modo. Parafraseando a Tom Wolfe, podemos afirmar que “un populista penal es alguien que todavía no ha sido detenido” por la policía. Por eso, los derechos hay que pensarlos en primera persona. Solo así podremos verdaderamente vivir sin la peor violencia que es la violencia de un Estado arbitrario que no reconoce límites a su poder de castigo.