POR LEONORA RAMÍREZ S.
El hospital  Salvador B. Gautier, donde funciona la única escuela de otorrinolaringología y se atienden las afecciones auditivas, hace más de 5 años que carece de un equipo de audiometría que sólo cuesta US$2,000, manifestó el otorrinolaringólogo Freddy Madera, quien expresó que esa situación es producto de la falta de una política de Estado tendente a prevenir y enfrentar la sordera.

El especialista, quien es jefe del servicio de otorrinolaringología del referido hospital, manifestó que los  pacientes que requieren esas pruebas son referidos a centros privados donde se les cobra entre RD$1,000 y RD$1,500, «que aunque no es mucho dinero, para las familias pobres puede representar casi la mitad de su salario».

«En el Salvador B. Gautier no hay tecnología de punta en la referida materia, pero hacemos lo que podemos aunque nos falta el equipo de audiometría porque hace más de 5 años que se dañó por un apagón, y aunque lo hemos solicitado en varias ocasiones, nosotros no tenemos capacidad de compra».

Pero esa no es la única precariedad, porque los demás hospitales públicos tampoco cuentan con los equipos necesarios para realizar intervenciones quirúrgicas que permiten corregir afecciones auditivas, explicó  Ferreras al resaltar que, en el hospital infantil Robert Reid Cabral, algunas cirugías se realizan con equipos propiedad de los médicos.

«Esta es una situación muy precaria, y nosotros, los miembros de la Sociedad de Otorrinolaringología,  hacemos dos o tres operativos al año en los hospitales para hacer las cirugías que requieren los pacientes pobres previamente seleccionados».

Otra de las desventajas es que en el país solamente hay 60 otorrinolaringólogos que están concentrados en Santo Domingo, con 30, y en Santiago,  con 13. La Vega y San Francisco de Macorís tiene 2 respectivamente, y en la Línea Noroeste no hay un sólo de estos especialistas.

Tampoco hay otorrinolaringólogos en María Trinidad Sánchez, Samaná, Azua, San Juan, Elías Piña, Pedernales, Jimaní, aunque sí en San Cristóbal y Barahona. Y en el Este solamente en San Pedro de Macorís e Higüey.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACION

En  la República Dominicana no existe una política de Estado tendente a prevenir y enfrentar los problemas auditivos en la población, especialmente entre los niños, expresó Ferreras, quien consideró que la sordera es un problema social porque los afectados se pueden convertir en una carga familiar cuando no se les presta asistencia a tiempo.

De acuerdo con sus declaraciones, en el país no existen estadísticas muy confiables sobre la cantidad de personas que padecen sordera, pero resaltó que en el último censo de población se determinó que, de las 350,000 personas discapacitadas empadronadas, el 10% tenía afecciones auditivas, dijo Ferreras, quien preside el Instituto Nacional de Prevención y Tratamiento de  las Patologías de la Audición (INPTPA).

Al referirse al aspecto escolar dijo que un niño con ese tipo de  limitaciones, si no se detectan a tiempo presentará  problemas de aprendizaje por la dificultad de entender algunas palabras.

En tal sentido, expresó que desde el Estado debe implementarse una campaña educativa permanente «en la que se difundan las causas de la sordera, y cómo descubrirla a tiempo. Esas campañas deben estar dirigidas al personal médico y docente, y a las familias.

«Porque tenemos el problema de esas afecciones se descubren tardíamente, en promedio a los 3 años, simplemente porque el padre dice que su hijo no habla pero no se da cuenta de que es un problema auditivo el que no le permite escuchar».

A su entender, tiene que haber un compromiso del Estado y de las instituciones que trabajan en el área de la salud y la educación, para que sus facilitadores estén pendientes de cualquier detalle que permita detectar a tiempo una enfermedad que, si no se toman medidas, limita el desarrollo social y económico de las personas.

«Lo pasa es que al Estado nunca le ha importado la salud, y en ese contexto sólo se preocupa por la mortalidad infantil y materna, porque es lo que le interesa a los organismos internacionales. Sin embargo, descuida otras problemáticas que, aunque no son mortales, les quitan a las personas el derecho de ser un ente productivo», dijo.

Asimismo, expresó que la entidad que representa tiene en proyecto conversar con los sectores de salud y educación, para hacer un levantamiento del real del nivel de pérdida auditiva en la población escolar, y ver cómo se puede lograr que se comprometan a realizar evaluaciones auditivas tempranas tanto en recién nacidos con en niños en edad escolar.