Ahora que se habla de reforma fiscal y se proyecta la aplicación generalizada del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS), convendría que se hagan esfuerzos por crear una verdadera estructura de protección al consumidor, que ha sido siempre la víctima por excelencia de la voracidad del sectores del comercio.

En honor a la verdad, no ha habido medios para preservar los derechos del consumidor. La Ley 13, de Protección a la Economía Popular, nunca pasó de ser una caricatura con castigos risibles para las transgresiones relacionadas con los derechos de los consumidores. Y la Dirección General de Control de Precios, dependencia de la sexretaría de Industria y Comercio encargada de aplicar esa ley, ha sido un organismo inoperante, con poca incidencia en lo atinente a poner orden en el comercio.

Tanto los desaparecidos controles de precios como el libre juego de la oferta y la demanda se han prestado a interpretación retorcida que ha terminado favoreciendo los intereses de las distintas escalas de las redes de comercialización. Se trata de una condición en la cual la víctima por excelencia es el consumidor o usuario de los bienes y servicios puestos en el mercado, pues desde las fuentes primarias de producción o abastecimiento hasta el consumidor o usuario final, los bienes y servicios sufren alteraciones de precios generalmente caprichosas y abusivas, mediante operaciones que no están sujetas a más reglas que las voluntades de los proveedores.

[b]II[/b]

Cuando se haga una realidad la generalización del ITEBIS y eventualmente sean removidos subsidios como el del gas licuado de petróleo, la defensa del consumidor tiene que ser asumida con todo rigor, para evitar que las distorsiones de costos y precios devoren el presupuesto familiar.

Actualmente se conjugan factores globales, como la apertura de mercado, y factores locales, como el proceso de crisis financiera sumado a devaluaciones sucesivas, lo que provoca que los precios de bienes y servicios son objeto de las más graves distorsiones y el consumidor termina cubriendo todos los costos agregados en las distintas fases de la cadena de comercialización.

Por eso entendemos que conjuntamente con estas reformas, deben ser creadas las bases para una auténtica defensa del consumidor.

En el Congreso ha sido depositado un proyecto de ley, que forma parte de las formalidades del Tratado de Libre Comercio suscrito recientemente con los Estados Unidos, cuya esencia es la protección de los intereses del consumidor. Bien valdría la pena que las cámaras legislativas agilicen el estudio y sanción de esta pieza, y su enriquecimiento si fuese necesario, para que su entrada en vigencia coincida con las anunciadas reformas.

Al margen de esa propuesta, cualquier otra legislación destinada a proteger al consumidor vendría a contribuir con el ordenamiento de un mercado veleidoso, en el cual los precios no son un reflejo fiel de los costos, sino una obra de la voracidad de los comerciantes.