Los liderazgos políticos y la democracia duraderas comienzan por lo general en los municipios; para ello se debe ampliar la base institucional de los ayuntamientos, dotándolos de mayores recursos, atribuciones y responsabilidades, para contribuir al bienestar de la ciudadanía en el municipio y la región a que pertenecen, con autonomía respecto al Poder Ejecutivo, cuyas diferencias eventuales deben dilucidarse en la justicia, para lo que debe aprobarse un Código Municipal que sistematice y complete la legislación al respecto.
Eso lo comprendió Juan Pablo Duarte hace cerca de doscientos años, a su paso por Barcelona, por lo que incluyó en su proyecto de Constitución el poder municipal y la convocatoria a las primeras Asambleas Constituyentes fue de delegados municipales.
Así mismo, deben establecerse en el Gran Santo Domingo, el municipio de Santiago y eventualmente en otros grandes conglomerados urbanos, los distritos metropolitanos, como entidades desconcentradas para una administración más idónea, adaptada a las características económico-sociales de esos territorios, pero bajo supervisión directa del ayuntamiento del municipio correspondiente. En las poblaciones de más de 25,000 habitantes, se deben establecer Delegaciones, electas por la comunidad, para decidir el uso que se le da a la mitad de los recursos de inversión del ayuntamiento correspondiente mediante un presupuesto participativo. En la zona rural se debe dar más poder a “Alcaldías Pedáneas Comunitarias”, con objetivos semejantes.
En cada Delegación o sector barrial debe existir un centro comunitario donde haya una dirección no político-partidaria de profesionales, técnicos y líderes comunitarios, que asuma la orientación de ese sector para fines de desarrollar iniciativas que generen empleo, orden y progreso; con un centro de cómputos, deportes y atención primaria en salud física y psicología, y relaciones con una policía preventiva.
En el año 2009, en el que el entonces presidente Leonel Fernández y sus asesores hicieron borrón y cuenta nueva, tanto de la Constitución vigente como de la elaborada por CONARE y la Comisión Especial Multisectorial designada al efecto, propuso la elección conjunta de los dirigentes y representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Municipal.
Ante esa perspectiva, muchos verdaderos municipalistas nos opusimos radicalmente a esa disposición constitucional que heriría de muerte la vida municipal como poder diferente al nacional.
Después, probablemente como reacción a esa campaña, salió la norma que establecía que las elecciones municipales debían anteceder en solo 3 meses a las nacionales.
Es evidente que con solo esa diferencia se mantiene el arrastre de la elecciones nacionales sobre las municipales, aunque en menor grado y por supuesto los gastos que esto supone por el único partido no oficialista que la afrontará es mucho, además de que debe contribuir a financiarlas, mientras los otros, “mayoritarios del 5%” se pueden despachar con convenciones de delegados y hasta con encuestas; siendo estos de padrón cerrado, más de cinco veces menos (1.3 millones) que los del PLD de padrón abierto (7.3 millones), lo que es una gran injusticia.
De manera que a la primera oportunidad se impone que las elecciones municipales sean a medio término, es decir, con dos años de diferencia, y si fuere necesario hacer una excepción con las que estén en curso de realizarse, unirlas aunque sin tener que pagar como costo político por ello aceptar la rehabilitación de Danilo Medina para que pueda reelegirse.