La mecánica “legalmente constituída” de los procesos electorales dominicanos  permite que estén abiertos a los intereses del narco y de otros sectores cuestionables. La política  es, más que antes, un negocio y desde el momento  en que alguien comienza a aspirar a algún cargo municipal o legislativo, el dinero se convierte en la  herramienta clave. Los “certámenes de popularidad” en ámbitos urbanos y rurales en los que precandidatos o candidatos  buscan los votos potenciales tienen que ganarse a base de promesas de beneficios personales a futuro  y de dádivas a presente. No existe verdadera restricción en el país para ejercer patrocinio desde la sombra y comprometer a quienes alcanzan cuotas de poder.

Verificar en qué gastan los partidos los recursos que reciben del Erario no es suficiente para evitar asociaciones perversas con aspirantes necesitados de plata ni para impedir que los propios entes  del narcotráfico traten de ser opciones. Es hora de erigir valladares. Las contribuciones a proyectos electorales deben quedar ineludiblemente registradas y limitadas para proteger a funcionarios electos de quienes pretenderían mediatizarlos. Además las justas comiciales del país son extensas y dispendiosas porque no se fijan límites a  los gastos. He ahí una de las causas de que en el debate  el dinero importe más que las ideas y los méritos personales.

La igualdad en las cárceles

La privación de libertad por condena ha sido humanizada con el paso del tiempo. Las cárceles que más respetan la dignidad de los individuos permiten a los internos realizar labores productivas y remuneradas. En  los recintos del “nuevo modelo” se brindan facilidades para estudiar. Periódicamente se celebran actos de investidura. El deporte  y el arte son también parte de la vida carcelaria.Y de viejo, en otros países sobre todo,  las penitenciarías reservan lugares para la intimidad en los que los reclusos pueden recibir visitas conyugales.

En República Dominicana  las reclusas de dos cárceles del sistema: Najayo Mujer y Refey Mujer, reclaman un trato igualitario. Si algunos hombres –sobre todo aquellos que se benefician de un trato privilegiado- pueden recibir a sus parejas con privacidad, ellas también deberían poder hacerlo. Con más derecho  -agregamos nosotros- si el haber ido a parar a la cárcel significó para esos seres humanos interrumpir una reconocida  unión marital.