Luis Scheker Ortiz 
Nos encanta legislar, porque en este país las leyes como instrumento regulatorio del comportamiento social se hicieron, si son buenas, para no cumplidas, como la Ley de Tránsito; si no conviene, para modificarla, Constitución 2002, 2010, 2015 y si fastidia mucho interpretarla aun con efecto retroactivo sentencia 168/ del Tribunal Constitucional, para complacer, por ejemplo el poder de la Iglesia, sus creencias religiosas siendo contradictoria ella que de una parte declara Art. 37, Constitución 2010 que “el derecho a la vida es inviolable”, para agregarle a seguidas un ripio anti-científico “desde la concepción hasta la muerte” y retrogrado cuando condena el aborto sin eximentes, para luego de garantizar, Art. 38, “la dignidad del ser humano como uno de los derechos fundamentales inherente a la persona, sagrada, innata e inviolable.” ¿Y la mujer, no lo es? Los ejemplos sobran parecería innecesario referirse a ellos si no fuera que la cadena de desatinos y de intereses creados no parece tener fin. Veamos los más recientes, apenas en el transcurso del tercer mes del año.
Sorprendente la aprobación del Senado de la República de una donación que venía gestándose entre batidores, bien a la callada, pasando por el periodo del Dr. Leonel Fernández Reina y culminado con el Lic. Danilo Medina Sánchez que traspasa a la Fundación Patronato Cueva de Las Maravillas el (entidad privada, de cogestión administrativa) un total de 10 millones, 401,518 M2, o sea, 8.8 Km2, propiedad del Estado Dominicano en franca violación a lo dispuesto en el Art. 16 de la Constitución que declara: “La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.”
Otro desatino. Las leyes, cada periodo de tiempo, deben revisarse, enmendarse y actualizarse acorde con los cambios surgidos procurando mayor eficiencia.
Pero no se entiende que al modificar la Ley General de Compras y Contrataciones de Obras y Servicios del Estado se incluya que ninguna persona condenada a prisión sea suplidora del Estado, significando que esa práctica aberrante era conocida y tolerada por carecer de una ley que lo prohíba. ¡El colmo de lo absurdo!
Esto otro da vergüenza ajena: La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se opone a que el Ministerio de Educación mediante una ordenanza administrativa disponga que los directores de planteles escolares regionales sean escogidos mediante concurso público de acuerdo con su experiencia, formación y calificación personal. Bravo! Fin del clientelismo y de la incompetencia! Pero no.
La ADP, controlada por un activo dirigente político del mismo partido en el gobierno, se opone.
Considera que esa medida racional, orientada a fortalecer la idoneidad del funcionario y el mejoramiento del sistema educativo, es contraria a sus intereses espurios y somete una acción en inconstitucionalidad que encuentra eco en abogados ilustres prestos a defender semejante perfidia. Una inmoralidad.
Y no hablemos del insólito recurso que intenta declarar inconstitucional la propia Constitución de la República en procura de una nueva re postulación estando expresamente prohibida por la Carta Magna y tantas veces renegada por el propio Primer Magistrado de la Nación. ¡Aleluya!
