Moca,  Espaillat. La directora de la Casa Comunitaria de Justicia de Moca (CCJ-Moca), Luz Aida Placencia Batista, informó que esta institución podría cerrar sus puertas en los próximos días, por falta de recursos económicos, por lo que apela a la solidaridad del Gobierno central, legisladores, alcaldes y empresarios para continuar ofreciendo los servicios a la comunidad.

Explicó que la sostenibilidad económica de la entidad está en juego después de seis años de servicio ininterrumpido a favor de los sectores más vulnerables.

Recordó que el Centro Casas Comunitarias de Justicia, es una institución surgida en el país hace 15 años, con la finalidad de impulsar el acceso a justicia, la prevención de la violencia y la convivencia pacífica en sectores vulnerables del país.

Mediante la aplicación de los métodos de Resolución de Conflictos, ha recibido a 516,839 personas, entre ellas 266,867 mujeres y 249,972 hombres.

Placencia Batista expuso que en el caso específico de Moca, en 6 años que lleva funcionando la Casa Comunitaria de Justicia, ha realizado una labor encomiable en beneficio de toda la comunidad, especialmente en beneficio de los sectores vulnerable, atendiendo un total de 30,419 personas; de las cuales 15,567 son mujeres y 14,852 hombres.

Según estadísticas actualizadas al 31 de abril del 2022, ente los servicios que se destacan están los casos de violencia intrafamiliar y de género, violencia en las escuelas, en las comunidades, así como de violación de derechos humanos.

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“Estamos apelando a la solidaridad del Gobierno y los funcionarios, legisladores, alcaldes, empresariado y toda la comunidad local y nacional, con la finalidad de que aunemos esfuerzos para evitar que la Casa Comunitaria de Justicia de Moca, tenga que cerrar sus puertas”, afirmó.

Sostuvo que durante seis años han realizado una labor encomiable y valiosa en favor de toda la comunidad, especialmente en beneficio de los sectores vulnerables, por la construcción con una cultura de paz y una convivencia armoniosa entre los diversos sectores que la habitan.

Extendió su llamado a los miles de usuarios de estos servicios, a las instituciones que integran el Consejo Consultivo y a la Sociedad Civil en general para que de manera conjunta “evitemos que un derecho fundamental adquirido se nos pierda”.