En el marco del razonamiento que acompaña al pensamiento económico, siempre se considera el costo como uno de los indicadores a tomar en cuenta al momento de decantarse por una opción u otra.

Precisamente, un factor de cambio social vendrá expresado en el logro de que ciertas actitudes, comportamientos y prácticas de antaño que reeditan nuestros dirigentes sociales, políticos y económicos, tengan un costo, ya no económico, pero sí político.
Y uno de ellos definitivamente deber ser la campaña a destiempo.

La cháchara politiquera quiera ser perenne. No bien terminamos unas elecciones cuando ya hay quienes se tiran al ruedo proselitista.

Las consecuencias de esto son muchas. Por un lado, implica mayor costo del ejercicio político, porque mientras más tiempo en campaña, máxime clientelares, más necesidad de recursos.

Esto es grave porque implica que la posibilidad de muchos candidatos y candidatas la determina, no sus propuestas o ideas, sino el dinero que tenga para gastar en campaña y este es uno de los factores que explica el matrimonio entre narcotráfico, lavado de activos y mala política.

Otra consecuencia es que la campaña política extemporánea deja menos espacio a que la clase política afronte y resuelva los temas estructurales del país.

Son muchas las decisiones que no se toman o se postergan por el costo político que representan. Un ejemplo es el pacto fiscal, que contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que se evitó en el pasado porque no se quería afectar la popularidad gubernamental, reeleccionista, con medidas impopulares como una reforma fiscal, que implica alza de impuestos.

Estas no son situaciones particulares de República Dominicana, por eso desde principio del 2000,la tendencia en América Latina apuntala a regular el tiempo y las actividades de campaña, pero, lamentablemente, nuestro país encabeza el ranking de campañas extemporáneas, de acuerdo con una investigación del OPD, esto pese a que en países como Argentina o Paraguay el plazo para campañas es de apenas 35 y 30 días, respectivamente, y en otros como Colombia, México y Honduras es de tres meses, en todos los casos, mucho menos que aquí.

Por esto veo bien la advertencia que ha hecho la Junta Central Electoral de que La ley 33-18 de Partidos Políticos, establece penalidades por el inicio de las precampañas y campañas a destiempo y que en su artículo 78 contempla sanciones que van hasta la inadmisibilidad de la candidatura, mientras la Ley 15-19, de Régimen Electoral, en su artículo 280, establece sanción administrativa de hasta 200 salarios mínimos.

La advertencia de la JCE debería sobrar, toda vez que estas leyes son de reciente aprobación y los partidos políticos dedicaron mucho tiempo a su discusión y la sociedad la demandó mucho, por lo que razones lógicas para que quienes la aprobaran ahora intenten violarlas, no hay.

El argumento de que la aplicación de esta ley violaría la Constitución al limitar derechos fundamentales como la libertad de reunión o de expresión, no aplica porque la ley lo que condena es el proselitismo que implica el uso de medios de comunicación y de propaganda para publicitar aspiraciones, algo que la ley contempla sólo para julio del año preelectoral.

De modo que ¡bien por la Junta! La ciudadanía está cansada de campañas políticas permanentes. No obstante, hace faltan dos cosas. Primero, la emisión de un reglamento que delimite mejor las actividades relacionadas a estos conceptos, y segundo: pasar de las palabras a los hechos. ¡Ojalá no se trate de otro amagar y no dar! La JCE debe vigilar y dar ejemplo, porque sin un régimen de consecuencias y sin precedentes, nadie cumplirá estas leyes que no son perfectas, pero son.

Y esta advertencia debe incidir también en el sector gubernamental que siempre juega con ventaja al administrar el Presupuesto de la Nación y ante falta de delimitaciones entre campañas gubernamentales y electorales. Por eso, la advertencia de la Junta es válida para ver si este año tenemos mejor suerte y disminuye la relación directamente proporcional entre año electoral y gasto publicitario del gobierno.

Total, que lo sepa la oposición y lo sepa el gobierno: este pueblo está cansado de tantas promesas y en una sociedad que cambia y avanza, a pesar de muchos de sus políticos, la gente lo que valora es que hablen menos y trabajen más. Esa es la mejor campaña.

Muchas decisiones no se toman o postergan por el coste político

Estas no son situaciones particulares de la RD

¡Bien por la Junta! La ciudadanía está cansada de campañas políticas