El acto del pasado miércoles 8 en el Palacio Nacional, para anunciar el acuerdo económico con la Barrick Gold, y que cambió por completo el acuerdo del 2009 de explotación y comercialización del oro de los sulfuros de Pueblo Viejo, permitió que un político, ya como estadista, se ganara la admiración, gratitud y orgullo de un país atormentado por las condiciones originales que se habían acordado para la explotación de la mina.

Esa fecha marcará un hito en el desarrollo y discusión de las inversiones extranjeras en el país, que ahora servirán hasta de modelo y de referencia para otras naciones  con preocupaciones similares, en cuanto a la presencia de los  inversionistas extranjeros, que buscan acaparar la mejor parte y perjudicar  al país anfitrión  dueño  de los yacimientos mineros. 

 A ojos vista, resultó inconcebible que el gobierno dominicano aceptara condiciones tan lesivas a la economía, en que la carnada  que se ofrecía en aquella ocasión de principios del siglo XXI, era que se iba a eliminar  el peligroso pasivo ambiental que ya había contaminado y dañado los cursos de agua adyacentes a la mina y el daño ya llegaba al embalse de la presa de Hatillo.

La situación mundial por la cual atraviesa la Barrick, con problemas  en otros países por sus maneras tan peculiares de explotación y de negociación,  la tenían colocada en una posición muy difícil financieramente,  y pese a que el precio del oro ha experimentado un ligero descenso en sus precios, se prevé que volverá  a retomar  su tendencia alcista de los pasados meses, de manera que el acuerdo dominicano no pierda su atractivo económico  de los $2,200 millones de dólares  en tres años.

Fueron muchas las coyunturas que empujaron a que la Barrick cediera en su terquedad, que la manifestaban en el bombardeo de promoción escrita, radial y televisiva  por un largo tiempo, para convencernos  de que las cosas se quedaran tal como estaban; sorprendió que se llegara a un acuerdo que reunió a sus principales ejecutivos, que desde el lunes 6 habían llegado al país, lo cual presagiaba que se estaba en el umbral de un acuerdo, el cual se materializó en la tarde del miércoles  8, en donde  la firme voluntad del presidente Medina y su equipo negociador convenció a  los inversionistas,  que no tenían de frente al tipo de personas que podrían ser compradas y acceder a condiciones inaceptables a la dignidad del país.

 Ahora, lo que el país debe  estar vigilante para que los recursos que ingresarán   por su oro no se diluyan, como ha ocurrido desde siempre cuando los políticos  meten las manos en los recursos. Perdura en la memoria de la nación de cómo los ingenios azucareros fueron destruidos cuando cayeron  en manos  de los políticos, las otras empresas de los Trujillo se convirtieron  en cascarones de hormigón  y acero y sus maquinarias  en chatarras y sus terrenos pasaron a manos de políticos y militares relacionados con los gobiernos de turno.

El caso de la Rosario, después que fue nacionalizada, en medio de la euforia de un nacionalismo inmaduro que llevó a una celebración de varios días en el malecón de la capital, se malgastó esa riqueza inventando una refinería de oro, agotar, sin beneficios para el país, el oro de los óxidos así como el de la transición;  al pretender explotar el oro de los sulfuros, fue cuando llegó el pánico al ver el daño que se generó de inmediato con las aguas convertidas  en torrentes  rojos y matando todas las especies de la zona.

 Por eso, los beneficios tan cuantiosos deben ser invertidos con honestidad y no pensar que ya otros renglones presupuestarios  podrían estar disponibles para el malgasto de los funcionarios políticos, que podrían  creer  que tendrían mano suelta, no cumplir con la Ley 340-08, ya que la  vigilancia estaría  concentrada en la correcta aplicación de los beneficios  del oro.