Hoy 
La noticia dice que la OMSA se dispone a rentar 370 autobuses por el pago de 13 pesos por pasajero que utilice el servicio.
Con el transporte público no nos cansamos de repetir errores. Volvemos una y otra vez sobre la misma historia, en todo gobierno y toda época. Si acaso cambia algo, cambian los que se lucran. El sufrido de siempre es el pueblo, que lo usa y lo paga.
Se ha preguntado el lector ¿Por qué el transporte público en nuestro país es tan caótico? ¿Por qué la guerra entre transportistas? ¿Cuál es la razón por la cual en otras sociedades el transporte público parece estar en manos de una sola empresa, por la uniformidad de sus acciones? ¿Por que tenemos los dominicanos que aguantar el trato indigno de un Picher, que le mete mano a la joven para ayudarla a subir y luego dice, para que todos oigan, se recojan y hagan espacio: Péguense como anoche.
La causa de todo ese desorden radica en que los transportistas cobran por pasajero servido, es decir, los transportistas cobran por la cantidad de pasajeros que suben a sus unidades.
Bajo ese esquema la competencia se traslada a las calles: No respeto a las leyes, sálvese el que pueda, el pasajero es mío porque lo vi primero. Y así, cualquier desafuero es justificado por la necesidad de conseguir el pan del padre de familia. Sabiendo que esa visión cultural del padre de familia es el respaldo del disco clientelar de una política desvergonzada.
La solución a ese desorden la conoce todo el que haya abordado el tema con seriedad.El Estado debe trasladar la competencia que hoy ocurre en las calles a una reunión de licitantes; sacarla de las calles y trasladarla a una competencia de licitación. Abrir licitaciones de rutas previamente estudiadas, e incluir en los términos de referencia todas las exigencias del servicio: Frecuencia, horarios, tipo de autobús, longitud de la ruta, exigencias al personal, uniformes, protocolos de bienvenida y despedida del pasajero, amplitud de la sonrisa del conductor y cuanta exigencia sea deseable y posible en un momento dado. Acto seguido se le pide al licitante que luego de leer los términos de referencia le ponga un precio a sus servicios bajo esas condiciones, pero, y aquí está el secreto, el precio debe ser por kilómetro recorrido y no por pasajero que se monte.
Así, el Estado vende y colecta todos los pasajes y celebra contratos con los operadores de transporte, bajo las exigencias del Estado y pago por kilómetro servido. De ese modo los transportistas pasan a estar todos bajo una misma normativa, deben cumplirla porque las faltas generan multas que duelen en los bolsillos y al cobrar por distancia recorrida solamente se tienen que preocupar por la calidad del servicio ofrecido.
Para ejecutar un plan como éste se necesita autoridad y transparencia. La tuvimos en Amet en los inicios. Ahora no hay ni autoridad ni transparencia, pero sigue habiendo Patria.
