El Presidente Danilo Medina defiende con firmeza la capacidad de su administración para manejar de manera eficiente los RD$99,600 millones -4% del PIB- destinados a educación. En una amplia entrevista para Telesistema Canal 11 detalló parte de las iniciativas que conforman el plan de elevar la calidad de la enseñanza, en el que se invertirá una porción importante del dinero asignado a Educación. No han faltado quienes hayan objetado, entre las iniciativas detalladas por el Presidente, la  posible contratación de expertos educadores extranjeros para formar a los maestros dominicanos. No sería la primera vez que el país contrate técnicos extranjeros en un amplio abanico de disciplinas.

La enseñanza dominicana siempre ha sido manejada por técnicos dominicanos, pero bajo ninguna circunstancia debe cerrarse la posibilidad de contratar especialistas extranjeros para propósitos de tanta  envergadura como los que tiene en carpeta el Gobierno. La formación de docentes para realizar la transformación curricular justificaría contrataciones en el exterior, siempre y cuando sean de probada capacidad. En mucho tiempo, la educación dominicana ha estado estancada y los resultados negativos son palpables. La formación de muchos de nuestros profesores es deficiente. La necesidad de  un salto cualitativo en la educación debe dejar abierta la posibilidad de que técnicos y docentes extranjeros participen en  el plan.

Criminalización necesaria

Aunque resulte paradójico, la ley castiga con más rigor las prácticas comerciales desleales que la falsificación y venta de productos que pueden afectar la salud del consumidor o usuario. Aquí no se ha producido nunca una condena ejemplar contra gente que falsifica y vende medicamentos, a pesar de que ponen en peligro la vida de quienes los consuman. Tampoco hay rigor en las sanciones por venta de artículos de consumo pasados de  fecha.

En torno a estas prácticas, la directora de ProConsumidor, Altagracia Paulino, propone que se le atribuya carácter criminal a la falsificación y venta de medicamentos y al expendio de artículos de consumo pasados de fecha. El hecho de que en estas prácticas hay una amenaza real para la salud y la vida de las personas, bien que justifica que se contemple la posibilidad de acoger esta proposición que busca defender la vida e intereses de consumidores y usuarios.