POR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PAÍSES ACP:
Reto ante el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea

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POR FEDERICO CUELLO CAMILO
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Negociar una nueva relación comercial con la Unión Europea es una obligación contractual para el Grupo de Estados del África, Caribe y Pacífico (ACP). La nueva relación comercial tendrá la forma de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) negociados por cada región del Grupo ACP. Como parte de la región caribeña, República Dominicana busca un AAE que potencie el desarrollo y no lo distorsione:

1) asegurando mejores condiciones de acceso para nuestras exportaciones de bienes y servicios así como para nuestras inversiones; 2) protegiendo y promoviendo la competencia entre las partes; 3) garantizando la coherencia entre las peticiones que se nos formulen y las concesiones que se nos otorguen; 4) fomentando la mayor cohesión entre los miembros de la región; y 5) elevando nuestra competitividad a nivel empresarial, sectorial, nacional y regional. Pese a los desafíos innegables que conlleva negociar en bloque sin haber consolidado la integración regional, los precedentes sentados por nuestras negociaciones anteriores sólo podrán soslayarse, aún sea temporalmente, en un marco negociador como el presente.

Preámbulo

El comercio entre los Estados del África, el Caribe y el Pacífico (ACP) tiene una participación decreciente en las importaciones europeas. El desarrollo de los Estados ACP se encuentra, en general, estancado, con pocas excepciones de crecimiento y de elevación en los niveles de vida. La gobernabilidad económica y política presenta toda la gama de posibilidades, desde democracias robustas con alternabilidad en el poder entre los distintos partidos políticos hasta regímenes de facto que, en algunos casos, tratan de sofocar cruentas y prolongadas guerras civiles. El panorama social no es más alentador, con pandemias como el VIH/SIDA continuando su crecimiento sin que se incremente de manera generalizada la cobertura de servicios básicos en salud o educación para mitigarlas. Ante ese cuadro, no es de sorprender que la gran mayoría de países del grupo ACP sean exportadores netos de capitales hacia los países desarrollados. ¿Qué país puede desarrollarse sin que sus propios capitales se reinviertan en el proceso productivo? ¿Qué país puede incrementar su participación en el comercio sin diversificar sus rubros exportados en lo cuantitativo y en lo cualitativo? ¿Qué país puede generar confianza para la comunidad internacional sin la adecuada gobernabilidad y sin las políticas sociales que aseguren el desarrollo armónico de todos sus conciudadanos?

El Convenio de Cotonú es el instrumento que vincula a los Estados ACP y a la Unión Europea. Suscrito en el 2000 y ratificado en República Dominicana en el 2002, cuenta con tres pilares básicos: el diálogo político, la cooperación económica y comercial y la cooperación financiera. A partir de estos tres pilares se busca responder a esa realidad diversa, repleta de desafíos, que caracteriza al Grupo ACP.

Es en este contexto que negociar con la Unión Europea no es una opción para el país. Al suscribir en el 2000 y ratificar en el 2002 el Convenio de Cotonú, adquirimos esta importante obligación contractual.  Nuestra relación comercial en el Convenio de Cotonú busca facilitar nuestra integración gradual y suave en la economía mundial (Cotonú, 3.II.34.1)3. Dicha integración conlleva sustituir el actual régimen de comercio preferencial, incompatible con las reglas de la OMC, hacia uno recíproco, consistente con las disposiciones de la OMC en materia de acuerdos comerciales regionales.

En el presente régimen preferencial, los Estados ACP, de los cuales forma parte nuestro país desde el 1990, gozamos de una total exención arancelaria para nuestras exportaciones hacia la Unión Europea sin tener que dar el mismo trato a los productos originarios de esa región. Cuando impere el requisito de reciprocidad, previsto a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2008 (Cotonú, 3.II.37.1), los Estados ACP tendrán que otorgar el mismo trato, sea inmediatamente o luego de un período de transición.

En el tránsito hacia la reciprocidad, los 79 Estados ACP quisieron en una primera fase negociar conjuntamente con la Unión Europea para preservar la solidaridad que existe desde siempre entre este conjunto de países tan diverso, entre los cuales tenemos estados insulares, estados sin litoral, grandes países en desarrollo ricos en recursos naturales, países en proceso de delimitación fronteriza y, particularmente, 39 de los 49 de Países Menos Adelantados (PMAs) que existen en el mundo.

Sin embargo, de manera natural el proceso negociador evolucionó en una segunda fase, que culminó en diciembre del 2005, hacia una organización en regiones: 4 del África, 1 del Caribe y 1 del Pacífico. Si bien algunos consideran que esta fragmentación atenta contra la solidaridad entre los miembros del grupo, es obvio que esta organización permite responder con agilidad y precisión a las necesidades particulares de cada región. Es posible así que aquellos que estén listos para la fecha prevista podrán gozar de las ventajas de una nueva relación comercial con el principal bloque económico del planeta.

¿Cuáles serían las ventajas a las que cabría esperar en estas negociaciones? ¿Qué desafíos habrá que enfrentar en el proceso?

Cotonú nos ordena negociar para potenciar el desarrollo

Al introducir la reciprocidad en nuestra relación económica y comercial con la UE, los AAEs colocarán a las partes en igualdad de condiciones sin que, en efecto, sean ellas mismas iguales entre sí. Compensar esta desigualdad es un requisito ético del proceso, en aras de la equidad que debe primar en las relaciones internacionales. Lograr tal equidad es posible, si se cumple estrictamente el mandato negociador contenido en Cotonú. El resultado deberá ser un conjunto de AAEs que potencie el desarrollo y no lo distorsione.

Cotonú recoge explícitamente el compromiso con el desarrollo como fin último de nuestra relación:

“2. …Dado el nivel actual de desarrollo de los países ACP, la cooperación económica y comercial estará dirigida a permitir a los Estados ACP a gestionar los desafíos de la globalización y a adaptarse progresivamente a las nuevas condiciones del comercio internacional, facilitando así su transición a la economía global liberalizada. (Cotonú, 3.II.35.2)

3. Con este fin la cooperación económica y comercial buscará mejorar la capacidad de la producción, de la oferta y del comercio de los países ACP así como su capacidad para atraer las inversiones. Estará además dirigida a crear una nueva dinámica comercial entre las Partes, a fortalecer la política comercial y de inversiones de los países ACP así como a mejorar la capacidad de los países ACP para manejar todos los asuntos relacionados con el comercio.” (Cotonú, 3.II.35.3).

El instrumento primordial de dicha cooperación serán los “nuevos arreglos comerciales” . De las varias opciones posibles de cooperación económica y comercial, ha predominado entre las partes la negociación de Acuerdos de Asociación Económica, sujeta en el Convenio de Cotonú a principios claramente orientados al logro de la competitividad de nuestros países, atendiendo:

“…los constreñimientos a la oferta y a la demanda. En este contexto, particular atención será dada a las medidas para el desarrollo comercial como medio para mejorar la competitividad de los Estados ACP…” (Cotonú, 3.II.35.1).

A partir del ejemplo exitoso de la Unión Europea, la integración regional se considera en este proceso como un instrumento clave para la inserción de los Estados ACP en la economía mundial, permitiéndoles atender los desafíos globales a partir de un escenario más amplio que el nacional, esto es, el regional (Cotonú, 3.II.35.2).

Así, décadas, siglos de indiferencia hacia las relaciones comerciales con los respectivos vecinos de cada país ACP deben ahora ser superados con celeridad para acudir, integrados regionalmente, hacia una relación interregional y recíproca con la Unión Europea que les permita suavizar su transición hacia la economía mundial, superar sus carencias institucionales y productivas y, eventualmente, ser competitivos.

El trato especial y diferenciado para los países ACP será tomado en cuenta (Cotonú, 3.II.35.3), así como la necesidad de preservar los beneficios derivados de los protocolos de productos básicos una vez sean reformulados en el marco de los AAEs para hacerlos compatibles con las reglas de la OMC (Cotonú, 3.II.36.4). Este sólo principio justifica sobradamente la negociación ya que, a la entrada en vigor de los AAEs, nuestros países no tendrán ya más que acudir a la OMC para solicitar costosas “dispensas” a favor del mantenimiento de nuestras preferencias.

La fórmula potenciadora del desarrollo contenida en Cotonú es clara: preservar e incrementar el acceso de nuestras exportaciones al mercado europeo de manera compatible con la OMC. Acudir al llamado de la globalización, integrándonos a la UE luego de profundizar nuestra propia integración regional. Superar las deficiencias institucionales y productivas de nuestros países, elevando nuestra competitividad. Suavizar el costo del ajuste para nuestros sectores sensibles, asegurando el trato especial y diferenciado. ¿Cómo hacer realidad esta fórmula en los AAEs? ¿Es éste un desafío que compete sólo a los países ACP? ¿O, por el contrario, deben los ACP trabajar con la UE en este novedoso enfoque, en el marco de esa “asociación verdadera, fortalecida y estratégica” de la que habla Cotonú (3.II.35.1)?

El modelo de las 5 Cs

La mejor respuesta a esta pregunta la aporta la propia experiencia europea. En aras de la equidad entre sus viejos y nuevos miembros, la dimensión comercial de sus relaciones se compensa con una altamente efectiva dimensión del desarrollo. Trasladando esta experiencia a la realidad ACP, desde el punto de vista caribeño, permite proponer  que las negociaciones de los AAEs se guíen por el llamado modelo de las 5 C.

a) Compromisos comercialmente relevantes.

Los países ACP necesitan oportunidades concretas para incrementar sus exportaciones. Así, las concesiones de liberalización que nos presente la parte europea en agricultura, productos industriales, servicios, inversiones y compras gubernamentales deberán eliminar todo arancel, cuota, licencia o barrera regulatoria aplicable a los bienes y servicios exportados o con potencial de exportación desde nuestros países.

No basta con preservar el acceso logrado preferencialmente, pues dicho acceso no ha impedido el declive de nuestra participación de mercado en Europa. Revertir esta tendencia requiere aumentar el número de productos que podemos exportar sin mayores limitaciones.

Ello requiere también simplificar las reglas de origen y profundizar la cooperación para el cumplimiento recíproco de las normas sanitarias y fitosanitarias así como los obstáculos técnicos al comercio.

Ello requiere, por último, una cobertura geográfica integral para los derechos y obligaciones dimanantes de los AAEs, en los cuales no sólo la UE y sus estados miembros a nivel nacional se encuentren comprometidos, sino las unidades políticas subnacionales, las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar, que en muchos casos son los primeros puertos de entrada para nuestras exportaciones hacia la UE.

b) Coherencia

La parte europea reclama a las regiones ACP que exista libre circulación para sus productos en nuestras regiones. Esto significaría la posibilidad de que cualquier producto europeo que llegara a uno de nuestros países podría continuar sin mayor trámite hacia los demás países de la región.

Sin embargo, no está claro si tal reclamo será aplicable a los productos ACP exportados a la UE. La coherencia del proceso requiere que lo que nos es demandado también nos sea otorgado. No sólo para nuestros bienes, sino también para nuestras inversiones y servicios, aún sean estos suministrados por personas naturales presentes temporalmente en el mercado europeo.

c) Competencia

Eliminar las barreras al comercio sin proteger la libre competencia sería un grave error que dejaría al desnudo las múltiples prácticas anticompetitivas observadas en el comercio internacional. Prácticas que resultan en abusos de posición dominante por la integración vertical en las cadenas de distribución de productos básicos y de turistas; en concertaciones de precios en el suministro de servicios de transporte internacional; o en la elevación monopolística de precios en los contratos de suministro de energía de las empresas privatizadas o capitalizadas por inversionistas internacionales. Siendo la UE tanto el principal inversionista extranjero como el principal exportador de bienes y servicios del mundo, no es de extrañar el liderazgo que ha tenido al promover la negociación del tema de comercio y competencia en todos los foros en los que participa.

Desde el punto de vista ACP, sin embargo, el tema de comercio y competencia no puede verse sólo como uno que busque eliminar las barreras competitivas que puedan existir en nuestros mercados para facilitar la penetración de suplidores extranjeros. Este tema debe verse también como un medio principalísimo para preservar la posibilidad de competir que tendrán nuestros suplidores, todos ellos más pequeños que el más pequeño de los europeos, una vez entren en vigor los AAEs.

d) Cohesión

Profundizar la integración regional que existe entre los países ACP podría acelerarse si los AAEs contuvieran compromisos vinculantes con la cohesión. En la UE, la cohesión busca agilizar la convergencia económica hacia el nivel promedio de ingreso per cápita de la región. Son elegibles aquellos países que tengan un ingreso per cápita menor al 90% de este promedio. Sujetos al cumplimiento de un programa de convergencia, dichos países reciben financiamiento para proyectos de infraestructura panregional y para la preservación del medio ambiente. Este novedoso mecanismo ha probado ser altamente exitoso en acelerar el crecimiento de los nuevos países elegibles que han ingresado a la UE desde 1986. Y al estar sujeto al cumplimiento de planes en función de los niveles relativos de ingreso per cápita, su vigencia no será eterna.

Profundizar la integración entre los países ACP, sin un mecanismo de cohesión, dejará a nuestras regiones sin la articulación de infraestructuras o sin los mecanismos de preservación del medio ambiente que requerirán para atender el mercado europeo o, de manera más inmediata, para elevar su atractivo para inversionistas extranjeros que deseen aprovechar las oportunidades creadas en nuestras regiones como un todo.

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