El impacto de los precios petroleros en las economías del mundo obliga a una radical modificación de patrones de producción y consumo en todos los aspectos. La generación de electricidad en base a hidrocarburos está teniendo costos muy elevados, que influyen de manera determinante en los costos de todos los bienes y servicios habidos y por haber.

Esta realidad obliga a mirar hacia las fuentes renovables, como las presas hidroeléctricas y los generadores eólicos y fotovoltaicos, y en segundo orden hacia generadores movidos con fósiles mucho menos costosos que los derivados del petróleo, como son el gas natural y el carbón mineral.

De ahí la importancia que tiene el anuncio que hicieran el viernes último  el ingeniero Radhamés Segura, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el empresario Rolando González Bunster, acerca de inversiones por más de US$3,000 millones para generación de energía con medios alternativos.

La reducción del gasto petrolero tiene que ser una prioridad inaplazable para un país como el nuestro, que cada vez tiene que invertir más dinero para poder cubrir la factura por concepto de hidrocarburos. La inversión para generación de electricidad por medios alternativos debe recibir fuertes estímulos de parte del Estado, como forma de acelerar el desarrollo de proyectos de este tipo.

Hora de cambiar los patrones

Por varias razones, algunas fuera de nuestro control, es necesario que hagamos una reingeniería en materia de patrones de producción y comercialización de renglones agropecuarios. Aparte de la agresividad de los costos de producción, sobre todo por causa de las alzas de precios en insumos y servicios, está la insoslayable realidad de los cambios climáticos desfavorables.

No es razonable que se permita exportar arroz hacia Haití,  o trasegar este cereal hacia cualquier mercado externo, cuando se está ante la necesidad de abaratar su precio interno en beneficio de los más necesitados. El arroz es un artículo muy sensible en términos sociales y económicos.

Ese y los demás productos de la canasta familiar tienen que ser manejados con una estrategia  que garantice precios asequibles a la población. No debería permitirse que el interés pecuniario de algunos sectores minoritarios esté por encima de la necesidad alimentaria de las mayorías nacionales.