Por la mayor transparencia

El trabajo realizado hasta ahora por la Junta Central Electoral (JCE) para organizar las elecciones presidenciales del 16 de mayo de este año ha sido considerado satisfactorio por diversos sectores nacionales y representaciones diplomáticas acreditadas en el país.

Los partidos, por otra parte, a través de sus delegados, mantienen una observación permanente sobre la labor de la JCE, que en gran medida se desarrolla bajo consenso con estas organizaciones. En este ámbito parece haber también buena aceptación de la marcha del proceso.

Una parte de los resultados de la más reciente encuesta Hamilton-HOY, divulgados en la edición de ayer, indica que 71% de los consultados aprueba la labor de la JCE, pero a la vez sostiene que 58% de la muestra cree en la posibilidad de un fraude electoral.

[b]II[/b]

La proporción de la muestra que cree posible el fraude electoral es una fiel representación de una cultura que por mucho tiempo ha vivido con los dominicanos.

El tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina fue, posiblemente, pionero del enraizamiento de este síndrome, pues convocó al país periódicamente a “elecciones” en las cuales, naturalmente, el único ganador era “el jefe”. Tras su caída, las primeras elecciones libres dieron como resultado un Gobierno que a los siete meses fue derrocado, lo que desencadenó años después una guerra civil, una grosera intervención militar y, en 1966, unas elecciones que ganó el fenecido líder Joaquín Balaguer y a las cuales se atribuyó carácter fraudulento por la influencia de la ocupación militar sobre sus resultados.

Desde entonces el síndrome del fraude mantuvo su presencia en el ámbito político del país, afianzada aún más porque las sucesivas reelecciones de Balaguer siempre fueron tildadas de fraudulentas por la oposición política de entonces.

[b]III[/b]

Por todo lo anterior, no extraña el hecho de que la última encuesta Hamilton-HOY arrojara tan alto porcentaje de creyentes en la posibilidad de fraude.

Sin embargo, en los últimos tiempos el país ha tenido la suerte de contar con una JCE que se ha esforzado porque los procesos sean cada vez más diáfanos y transparentes. Todo cuanto se ha hecho, desde la modificación del formato de la Cédula de Identidad y Electoral hasta la computarización del Registro Electoral, y desde la configuración de los Colegios Electorales hasta el mejoramiento de las Oficialías del Estado Civil, ha estado destinado a la transparencia de los procesos electorales.

En lo que concierne a las elecciones convocadas para el 16 de mayo de este año, con todo y que el trabajo de la JCE ha logrado amplia aceptación, conviene recomendar que el tribunal dedique esfuerzos y recursos para fortalecer las garantías de diafanidad que se ofrecen, pero que una proporción de encuestados pone en entredicho.

Partes tan delicadas y sensibles como el Departamento de Cómputos de la JCE, con todas sus redes de intercomunicación, tienen que ser provistos de cuantos dispositivos de seguridad e inviolabilidad sean accesibles, para disminuir la posibilidad de distorsión o alteración de la data electoral. Procede que en vez de desestimar los resultados de un sondeo, sean eliminadas las posibilidades de que esos temores puedan llegar a tener asidero y razón de ser.